sábado, 7 de julio de 2012

Dictamen de Pesca 1

DICTAMEN DE PESCA 1
Sobre la No Indemnización Por No Renovar Licencias de Pesca

Daniel Montero Bustabad

Planteamiento:
Actualmente existe una licencia de pesca cuyo plazo de vigencia ha terminado, pero se ha presentado una solicitud de prórroga. ¿Es posible que la Administración Pública deniegue la solicitud de prórroga sin que surja el deber de indemnizar?

Desarrollo:

Respecto a lo consultado se determina lo siguiente:
1. De conformidad a la sentencia de la Sala Constitucional número 2003-01027 (Considerando V) la naturaleza jurídica de la solicitud de prórroga de un permiso sanitario de funcionamiento consiste en un nuevo permiso, por lo cual, se le aplican a la solicitud de renovación todas las normas vigentes al momento de la renovación, aunque no estuviesen vigentes en el momento en el que lícitamente se inició la actividad en el pasado. Dicho voto dispone que no se viola el artículo 34 de la Constitución Política si la actividad aludida tiene que cerrarse por no cumplir con la normativa actual.

2. Por otra parte, la salud y el ambiente constituyen una unidad inseparable, de modo que este razonamiento aplica perfectamente a la materia ambiental, incluyendo, obviamente, la pesca. Este razonamiento se basa en que tanto la salud como el ambiente fueron derechos reconocidos por la jurisprudencia constitucional antes de que se modificara el artículo 50 de la Constitución Política, fundamentando ambos derechos en la inviolabilidad de la vida del artículo 21 de la Constitución Política. Dicha jurisprudencia muestra claramente su tesis neoconstitucionalista. Asimismo, la sentencia de la Sala Constitucional número 2003-01027, Considerandos V y VI (Ponente: Fabián Volio) reconoce expresamente que la materia de ambiente y la de salud “van de la mano”.

3. La Administración debe realizar un estudio ANTES de otorgar una licencia (artículo 104 de la Ley de Pesca y Acuicultura ), lo cual, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional (por ejemplo, voto número 2002-01220), ha de entenderse en el sentido de que dicho estudio debe incluir un análisis acerca de la sostenibilidad ambiental de la licencia a otorgar, tanto por sí misma, como en virtud de efectos acumulativos o sinérgicos.

4. Dado que la solicitud de prórroga constituye jurídicamente una solicitud nueva de licencia, por imperativo del artículo 50 de la Constitución Política, dicha solicitud debe ser sometida a un estudio, que incluya el componente de la sostenibilidad ambiental. En caso de que dicho estudio determine la incompatibilidad entre: -) la prórroga de licencia con: -) el derecho a un ambiente sano, procede no renovar la licencia, sin que por ello se viole el artículo 34 de la Constitución Política (seguridad jurídica de los derechos subjetivos o de las situaciones consolidadas). De lo anterior se desprende que en tal caso no ha de indemnizarse, de conformidad al precedente aludido de la Sala Constitucional, vinculante respecto a todas las personas: artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Conclusión:
La Administración Pública tiene el deber de no prorrogar las licencias de pesca presentadas a su conocimiento si, del estudio de naturaleza ambiental que se efectúe, se determina que la prórroga resulta incompatible con el derecho a un ambiente sano. En tal caso no procede indemnizar al solicitante.
Cambiando de tema, por si resulta de interés, se transcribe el artículo que permite incluso revocar licencias vigentes en caso de que las licencias resulten contrarias al derecho a un ambiente sano:

Artículo 113.—Las licencias, los permisos y las autorizaciones se extinguen por las siguientes causas:
a) Por el vencimiento del plazo, sin que medie solicitud de prórroga en forma legal.
b) La imposibilidad de realización del objeto.
c) La renuncia expresa o el abandono que realicen los interesados.
d) La cancelación de las licencias, los permisos o las autorizaciones por parte de las autoridades competentes, respetando el debido proceso.

Artículo 114.—La autoridad ejecutora procederá a cancelar las licencias, las concesiones, los permisos o las autorizaciones, con respeto del debido proceso, cuando sus titulares:
a) Pongan el ecosistema en riesgo inminente.
b) Proporcionen la información fuera de los términos y plazos que solicite el INCOPESCA o incurran en alguna falsedad al rendirla.
c) Nieguen a esa autoridad el ingreso para la inspección de las instalaciones.
d) Incumplan, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico para la pesca y acuicultura, que indique el INCOPESCA.
e) Cuando transfieran estos derechos sin la debida autorización o en los casos en que sean intransferibles.
f) Incumplan en la concesión acuícola los planes de inversión y manejo ya previstos.
g) Incurran en estado de quiebra, insolvencia, concurso, disolución o liquidación del patrimonio.
h) No instalen debidamente los equipos terminales y los censores conformantes del sistema de seguimiento satelital en las embarcaciones atuneras cerqueras, en los plazos establecidos en esta Ley.

En estos casos tampoco cabe indemnizar a quien pesca, pues la incompatibilidad entre la actividad pesquera para la cual se dio la licencia y el derecho a un ambiente sano, es decir, a los requerimientos de la naturaleza, pertenece a “la naturaleza de las cosas”, en frase típica de la escolástica; de lo anterior se desprende que la revocatoria de la licencia no se debe a voluntad de la Administración, sino a la base de la existencia humana (la naturaleza), cuyos requerimientos han de ser asumidos y respetados por todos, sin que exigir su respeto viole el derecho de nadie, ni quepa, por tanto, indemnización alguna. Exigir indemnización por algo que se deriva de la naturaleza es como pedir daños y perjuicios porque una persona no pueda volar moviendo los brazos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada