jueves, 21 de junio de 2012

Funciones del Tribunal Ambiental (III).

recurrente en el momento en que tuvo conocimiento de ella, como en efecto lo fue (ver folios 6 a 8 del expediente principal), activando así los mecanismos de defensa que procesalmente le asisten en contra de estas decisiones.”

Corresponde asimismo hacer referencia al voto del Tribunal Contencioso-Administrativo número 2192-2011 (expediente número 11-006461-1027-CA). En este caso el actor interpone un recurso contencioso-administrativo contra una medida cautelar del Tribunal Ambiental Administrativo que paraliza un proyecto. Asimismo solicita una medida cautelar por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo para que se suspendan los efectos de la medida cautelar de paralización del proyecto, alegando que la paralización causaría perjuicios de imposible o difícil reparación a la libertad de iniciativa económica y al derecho de propiedad del desarrollador. En un primer momento el Tribunal Contencioso-Administrativo acepta dicha medida cautelar inaudita altera parte, es decir, sin haber dado audiencia al Tribunal Ambiental Administrativo. Posteriormente el Tribunal Contencioso-Administrativo concede un plazo para que el Tribunal Ambiental Administrativo presente sus argumentos acerca de si debe o no mantenerse la medida cautelar establecida por el Tribunal Contencioso-Administrativo. Una vez que éste recibe los argumentos del Tribunal Ambiental Administrativo, el Tribunal Contencioso-Administrativo dicta una resolución rectificando su anterior postura, de modo que mantiene en todos sus efectos la medida de paralización del proyecto acordada por parte del Tribunal Ambiental Administrativo (hasta que resuelva por sentencia). El argumento del cambio de postura es el siguiente: en la ponderación entre los derechos constitucionales a la libertad económica y el derecho de propiedad (artículo 45 de la Constitución Política) por un lado y, por otra parte, el derecho a un ambiente sano (artículos 21 y 50 de la Constitución Política), prevalece el derecho a un ambiente sano, pues toda posible afectación al ambiente constituye, por definición, un perjuicio de imposible o muy difícil reparación. El caso en cuestión se trataba de una granja porcina, la cual fue inspeccionada por este Tribunal en conjunto con un laboratorio acreditado. Los resultados del laboratorio apuntaban hacia un incumplimiento de los parámetros de vertido establecidos (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales), con lo cual se ofrecen indicios de posible daño ambiental por defectuoso funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.
IV. Ejemplos de medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Ambiental Administrativo.

1. Caso de un proyecto de monocultivo intensivo con una planta empacadora de la fruta, carente de planta de tratamiento para las aguas residuales. Por resolución número 501-09-TAA se dispuso: “El artículo 111 inciso b) LOA establece con suma claridad que corresponde al TAA tomar las acciones que sean necesarias con relación a los comportamientos activos y omisos que violenten o amenacen violar la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad consagra en su inciso 2 el Principios ‘In dubio Pro Natura’, según el cual cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado a estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Lo anterior significa que si una actividad humana puede llegar a ocasionar daños ambientales de… imposible o difícil reparación, el Estado debe de acordar las medidas correctivas que se requieran para prevenir o mitigar los efectos ambientales negativos. En igual sentido el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad establece… Igualmente nuestro país ha ratificado importantes instrumentos de carácter internacional que reconocen la aplicación del principio preventivo y precautorio en materia ambiental, como lo es el Principio 15 de la Declaración de Río, que literalmente establece… Este despacho procede a ratificar la resolución 563-08-TAA y a ampliarla de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Aguas que por tratarse de nacientes captadas para consumo humano… debe respetarse el perímetro establecido de 200 metros… Se ordena la paralización y clausura de las actividades en la planta… y todo proceso que genere aguas residuales que no cuenten con los tratamientos establecidos en el Reglamento… Además se evidencian en este informe descargas de agroquímicos o residuos de plaguicidas, los cuales están prohibidos tal y como establece el artículo 128 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Se ordena a la empresa… construir los sistemas de tratamiento adecuados para las aguas residuales provenientes de las pilas de lavado, previa autorización de las instituciones correspondientes”. En respuesta al recurso de revocatoria con incidente de nulidad concomitante interpuesta contra dicha medida cautelar, se emitió la resolución número 664-09-TAA: “QUINTO: Que el primer motivo del incidente asevera (páginas 1 a 5 del recurso) que este Tribunal recibió y tramitó la denuncia a la que se refiere el presente expediente sin notificarle al denunciado la situación, con lo cual asevera que se ha violado el debido proceso de conformidad al voto de la Sala Constitucional número 2002-10029, del 18 de octubre del 2002. Al respecto se ha de tomar en consideración que la sentencia citada no tiene los efectos aducidos por el recurrente. Por una parte, el caso aludido se trata de una situación en la cual la parte denunciada estaba perfectamente identificada, pues se trataba de una denuncia interpuesta ante el Colegio Profesional respectivo contra un profesional determinado, con nombre y apellidos. Por otra parte, el denunciado presentó una serie de escritos que tendían a mostrar que supuestamente no se debía pasar de la fase de investigación preliminar -con la que se inició el trámite de la denuncia- a una etapa de abrir formalmente un proceso administrativo, y dichos escritos no fueron contestados; por ello la condena de la Sala Constitucional a la Administración (Colegio Profesional) versa por la falta al debido proceso en relación a la falta de respuesta de la Administración, y no por el motivo que aparentemente alega el recurrente, como que se exige el debido proceso en la etapa de investigación preliminar, lo cual no encuentra apoyo en la jurisprudencia constitucional… SEXTO: Que la Sala Constitucional es conteste en afirmar que en la etapa de investigación preliminar, no se exigen los requerimientos del debido proceso, pues el objeto de la investigación preliminar es, entre otros, determinar si existen o no motivos para abrir un proceso sancionador, cuya eventual posterior apertura sí sería seguida por el debido proceso. Al respecto caben citar las sentencias 1995-606, del 1º de febrero de 1995, 1996-6066, del 8 de noviembre de 1996, 1996-7096, del 24 de diciembre de 1996, 1997-676, del 31 de enero de 1997, 1998-354, del 6 de mayo de 1998, 1998-1110, del 18 de febrero de 1998, 1999-1689, del 5 de marzo de 1999, 1999-2296, del 26 de marzo de 1999, 1994-7190, del 6 de diciembre de 1994, 1995-416, del 20 de enero de 1995, 1995-2350, del 10 de mayo de 1995, etc…. En específico, en esta línea la Sala se ha pronunciado de manera favorable a la realización de inspecciones y de actos de investigación preliminar sin comunicación previa al proyectista, incluso imponiendo medidas cautelares, como se desprende implícitamente de los votos números 2004-08492, del 6 de agosto del 2004 y 2008-09711 del 13 de junio del 2008… SÉTIMO: Que, en relación a esto último, el segundo fundamento del incidente de nulidad esgrimido asevera implícitamente (página 5 del recurso) que no cabe la imposición de una medida cautelar en una etapa de investigación preliminar en la que como tal no interviene el debido proceso. Al respecto se ha de tener bien presente que, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, la LOA ha consagrado la potestad de los órganos públicos de tomar las medidas protectoras que sean necesarias en cada caso para proteger el ambiente. El precepto 61 LOA establece que la autoridad tomará las medidas preventivas necesarias para evitar contaminación u otras contingencias no contempladas por la ley. Asimismo el artículo 99 LOA no solamente establece sanciones, sino también medidas protectoras que, como tales, no constituyen sanciones (una hipotética sanción sólo cabría eventualmente como resultado final de un debido proceso), sino medidas urgentes que se toman para evitar perjuicios al medio, o bien mayores perjuicios al ambiente, o bien como estimación prudencial provisional hasta que se estabilice ambientalmente una situación potencialmente peligrosa para el medio, o hasta que se aclare una situación eventualmente riesgosa para el ambiente. Dichos preceptos no establecen ningún ámbito limitado en el que sólo quepan medidas restrictivas, sino que deja abierto el momento en el cual puedan establecerse las medidas. Así, se aplica el principio de que donde la ley no distingue, tampoco debemos distinguir nosotros… OCTAVO: Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional apoya el argumento de que cabe imponer medidas protectoras aun en fase de investigación preliminar… De lo anterior se desprende que, aun si existiera una duda en el nexo de causalidad, por el principio in dubio pro natura del precepto 11 en relación al 45 de la Ley de la Biodiversidad, con arraigo en el derecho a un ambiente sano explicitado en el artículo 50 de la Constitución Política, se justifica la adopción de la medida cautelar correspondiente. Con más razón se justifica dicha medida cautelar cuando existen evidencias de la relación entre el funcionamiento de la

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