jueves, 21 de junio de 2012

Funciones del Tribunal Ambiental (II).

requiere darle audiencia, ni tampoco haberse seguido el debido proceso; procede dictar medidas cautelares de plano, en fase de investigación preliminar. Todo ello se desprende de la lectura conjunta del artículo 50 de la Constitución Política con todos los preceptos citados en este escrito. La Sala Constitucional ha adoptado este criterio en las siguientes sentencias: 1999-701, del 2 de febrero de 1999, 2003-11383, del 7 de octubre del 2003 y 2004-4187, del 23 de abril del 2004, 2008-09711 del 13 de junio del 2008.

III. Respaldo de la función preventiva del Tribunal Ambiental Administrativo por parte del Poder Judicial.

Diversas resoluciones de la Sala Constitucional y de la jurisdicción contencioso-administrativa han respaldado las medidas preventivas ordenadas por el Tribunal Ambiental Administrativo. En este sentido, el voto de la Sala Constitucional número 2007-01334, del 31 de enero del 2007, establece lo siguiente: “La operatividad del principio precautorio en este ámbito es muy simple y significa que cuando una actividad produce o provoca amenazas o probabilidades de daño serio e irreversible a la salud humana, deben adoptarse las medidas precautorias aunque los efectos causales no se encuentren científicamente establecidos”.
Por su parte, el voto de la Sala Constitucional número 2004-8492, del 6 de agosto del 2004, dispone lo que sigue:
“La Sala no comparte el criterio del recurrente, y por el contrario estima que lo actuado hasta ahora por la autoridad recurrida se apega a Derecho… En efecto, al recibir una denuncia por posible daño ambiental causado por obras que se estaban ejecutando en la propiedad de la amparada, el Tribunal Ambiental Administrativo procedió a realizar la investigación preliminar necesaria, tendente a determinar si procedía o no la apertura de un procedimiento administrativo. Para tal fin, se ejecutó una inspección ocular como un acto previo al procedimiento, sin que por ese motivo se vulnerara el debido proceso ni el derecho de defensa del amparado… Tampoco se aprecia vulneración alguna a los derechos fundamentales de la amparada con la orden de paralización de las obras emitida por el Tribunal recurrido, en razón de que tal y como se informa a la Sala y así consta en documentación aportada al expediente, se trata de una medida cautelar al tenor de lo dispuesto en los artículos 99 y 111 inciso b) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el numeral 11 de la Ley de Biodiversidad, que se estimó indispensable ya que existe la posibilidad de que los daños que se ocasionen al medio ambiente sean de difícil o imposible reparación, de forma tal que en aplicación del principio "in dubio pro natura " se tomó esa determinación que se prolongará hasta el dictado del acto final”.
Asimismo el voto de la Sala Constitucional número 2008-009711, declara la constitucionalidad de que el Tribunal Ambiental Administrativo informe a los periodistas sobre la realización de barridas, con la posibilidad de paralizar diversos proyectos si se los encuentra vulnerando la normativa tutelar del ambiente o perjudicando el medio. Señala otros aspectos de interés:

“Sin embargo, el ordenamiento jurídico ha previsto -con el propósito de proteger los derechos del servidor cuestionado, del denunciante de buena fe y la objetividad en el desarrollo de las averiguaciones pertinentes- que en el procedimiento investigatorio existan diversos momentos procesales con diferentes niveles de acceso a los expedientes…“La actuación del Tribunal recurrido, fue legítima, y se basó en una denuncia iniciada de oficio por la autoridad recurrida y del desarrollo de una investigación preliminar. En ese sentido, incluso la doctrina ha apuntado que en esta etapa, los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa tienen un alcance limitado y relativo, siendo que en esta fase no se puede exigir, de parte de los investigados, que se realice una audiencia, e incluso, les queda vedada la posibilidad de presentar recursos. Recordemos que el objeto de una investigación de este tipo, es precisamente, evitar el inicio de un procedimiento inútil y precipitado. Habiendo quedado claro entonces, que la actuación del Tribunal, en lo tocante a los temas referidos, atinentes a la inspección realizada, a la falta de aviso o notificación a la parte interesada y recurrente en este caso, e incluso, al cierre del proyecto, si es que éste se hubiera producido, no atentan ni hubieran atentado, en forma alguna, contra ningún derecho fundamental, pues los actos desplegados, lo fueron en defensa del medio ambiente. Ahora, dada la disconformidad que expresa el recurrente en lo tocante al llamado realizado a la prensa nacional advirtiendo del cierre de varios megaproyectos, incluido el que se encuentra en estudio, debemos remontarnos al informe presentado por la recurrida Gabriela Hernández Herrera. De ese documento, se deduce que el Tribunal accionado, tiene el derecho de comunicar al país sus legítimas actuaciones, situación que guarda estrecha relación con la rendición de cuentas que se le debe hacer llegar a los habitantes de Costa Rica, así las cosas, la convocatoria cerrada, claramente señala la “confidencialidad” de la información, pues los actos sólo serán ciertos una vez ejecutados, y desde la convocatoria a la ejecución pueden darse muchas variables que impidan, suspendan, varíen o materialicen el acto para el que fue convocado la prensa, pues de su presencia o NO, no depende la actuación material del Tribunal … no implica ni una decisión del Tribunal de cerrar, o de ejecutar cualquier otra disposición cautelar o de cualquier otra índole, sino que es una mera expectativa, que sólo está sujeta a la voluntad material y objetiva del Tribunal… No debemos olvidar que pese a que se ha considerado que la investigación preliminar debe tener un carácter reservado, de manera que, el expediente en que se sustancie la investigación preliminar no puede ser accesado por ningún tercero, incluidos los medios de comunicación, de las probanzas que constan en el libelo en cuestión, no se desprende, ni tampoco se alega por el recurrente, que el expediente que contiene la documentación relativa a la investigación preliminar, se haya facilitado a la prensa. Bajo dicha rúbrica, el único memorial difundido lo fue el del comunicado, el cual, como ya quedó debidamente acreditado, no supone el dictado de ningún acto por parte del Tribunal recurrido, y por ende, ni tan siquiera se puede considerar como parte del expediente que sustancia dicha investigación previa. En consecuencia, lo que se tiene es que, en aras de proceder a informar en forma potencial, a la población costarricense de un tema de interés nacional, en un tópico relacionado con la protección al medio ambiente… convocó a los medios de prensa para que estuvieran presentes, para que en caso de llegarse a dar el cierre de algún proyecto, difundieran la noticia. Debemos entender que en este sentido, dicha convocatoria no ha lesionado derecho alguno a la empresa amparada, toda vez que de ella no se desprende ningún acto del Tribunal, ni tampoco implica que el cierre aludido se fuera a efectuar, sin proceder, de previo, a constatar ciertas condiciones. Incluso, sobre esa misma línea, se pronuncia el Tribunal Contencioso en la sentencia 276- 2008. Por los razonamientos expuestos, considera esta Sala que no han sido lesionados los derechos constitucionales de la empresa amparada, no obstante lo dicho, si el recurrente sigue considerando que se violentó el derecho al bueno nombre y prestigio de su representada, debe acudir a las vías de legalidad ordinaria, que la legislación costarricense ha implementado para la defensa de dichos intereses” (las negrillas son añadidas).
El voto de la Sala Constitucional número 2009-000819, indica lo siguiente:

“De lo expuesto, la Sala determina que la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra debidamente motivada en la extracción ilegal por parte del recurrente del Río Reventado sin tener concesión alguna que lo respalde, esto fundamentado en el informe… del Ministerio de Ambiente y Energía, de manera que la imposición dispuesta no resulta ilegítima o arbitraria. Debe tomar en cuenta el recurrente, que la imposición de una medida cautelar dista de ser materia sancionatoria, pues precisamente de lo que se trata es de prevenir que las alegadas violaciones ambientales produzcan un daño irreparable o irreversible; la suspensión mientras se realiza una investigación para determinar la certeza o probabilidad de daños ciertos y concretos, de forma que una vez se establezca si existe o no el riesgo ambiental, se resolverá en definitiva el caso concreto. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso” (las negrillas no corresponden al original).
El voto de la Sala Constitucional número 2001-12044 establece lo siguiente:

“Por otra parte, no considera este Tribunal que con lo actuado se haya lesionado el derecho al debido proceso y a la defensa que le asisten, ya que la medida cautelar impuesta bien pudo haber sido impugnada por el

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