jueves, 21 de junio de 2012

Funciones del Tribunal Ambiental (I).

FUNCIONES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

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I. Introducción.

La Ley Nº 7554 Orgánica del Ambiente (LOA), publicada en La Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre de 1995, aporta al Derecho comparado la figura sin precedentes del Tribunal Ambiental Administrativo (artículos 103 a 112 ); lo hace, precisamente, como una de las garantías que dispone para la protección del derecho a un ambiente sano.
De conformidad a dicha ley, el Tribunal se erige en un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones con desconcentración máxima, competencia exclusiva, independencia funcional y agotamiento de la vía administrativa. Por ello el mismo no sólo cuenta independencia al no estar sujeto a órdenes o instrucciones del Ministro, al no caber la avocación de sus asuntos, sino que, además, frente a sus resoluciones cabe recurso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial, pero no un recurso administrativo ante el Ministro.
Las competencias del Tribunal se encuentran en el artículo 111 que establece:
ARTICULO 111.- Competencia del Tribunal El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:
a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
d) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa.
e) Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la gestión integral de residuos y cualquier otra ley que así lo establezca
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 58 aparte c) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)
De lo anterior se desprende que el Tribunal Ambiental Administrativo se crea como el órgano del Poder Ejecutivo especializado en: 1. Prevenir el daño ambiental y, frente al daño ambiental ya acaecido, 2. Establecer las medidas ambientales pertinentes (medidas cautelares y resoluciones finales) para: i) restaurar, en lo posible, dicho daño, ii) hacer cesar el daño ambiental que continúe, iii) ordenar las medidas de mitigación necesarias, iv) establecer las indemnizaciones de daños y perjuicios pertinentes; además, mediante una reciente reforma, para el caso de las materias reguladas por la Ley para la Gestión Integral de Residuos, corresponde al Tribunal imponer las multas contempladas por ésta.

II. La función preventiva del Tribunal Ambiental Administrativo.

El primer mecanismo por el cual el Tribunal protege el derecho a un ambiente sano, consiste en la prevención, indispensable en materia ambiental. La misma consiste en evitar que una actividad humana (construcciones, servicios, etc.) llegue a generar perjuicios al ambiente y en evitar que una actividad humana que ya haya causado un perjuicio al ambiente, continúe generando otros perjuicios al medio. Al respecto resultan claves los artículos 7, 9 y 11 de la Ley de Biodiversidad, estableciendo principios importantes como el preventivo. De conformidad al mismo, quien desarrolle una obra o actividad (de cualquier tipo que sea) que potencialmente genere impactos al ambiente, debe realizarse de modo tal que incorpore a lo interno de la misma, las medidas necesarias para prevenir riesgos o daños al ambiente. Los costos de estas medidas deben correr siempre por cuenta del desarrollador (artículo 50 de la Constitución Política y 8 de la Ley de Biodiversidad, que expresamente establece la función ambiental de la propiedad inmueble). Otro principio relevante es el principio precautorio o in dubio pro natura. Por el mismo el Tribunal debe adoptar las medidas protectoras necesarias para evitar riesgo o daño ambiental, incluso si no se ha demostrado una relación de causa a efecto entre la actividad objeto de la denuncia y el daño o riesgo. Es suficiente con que se pueda argumentar un indicio razonable de un posible daño o riesgo. En este sentido, como se indicó, de conformidad al artículo 45 de la Ley de Biodiversidad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para evitar el daño o riesgo ambiental.
De conformidad a los artículo 61 LOA y 19 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, las medidas protectoras deben ser aquellas que el ambiente necesite, incluso si las mismas no están contempladas expresamente en una norma. Asimismo ha de tomarse en consideración que el precepto 99 LOA no solo establece sanciones, sino también medidas protectoras que, como tales, no presuponen culpabilidad alguna, por lo cual caben ser impuestas por medida cautelar. En efecto, señala dicha disposición: ““Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones…” (las negrillas son añadidas).
Como se indicó, La medida protectora no presupone ninguna culpabilidad y, por tanto, no constituye una sanción, sino una medida de protección para no afectar el ambiente en el lapso de tiempo que se requiere para dictar acto final. Por el contrario, la sanción sí requiere que se haya tramitado un debido proceso (proceso ordinario administrativo) y se haya determinado la violación a la normativa ambiental, o demostrado la generación de un daño ambiental. Por ello la medida cautelar no necesita ser notificada al proyectista para comenzar a tener efectos, ni

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