viernes, 18 de mayo de 2012

Concepto de Daño Ambiental y otras Explicaciones.


I. Primer Tema.

Se inquiere especificar el concepto tradicional de daño y el concepto de daño ambiental que emplea el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) de la República de Costa Rica.

Al respecto se indica lo siguiente:

1. El concepto tradicional de daño, recogido en el artículo 1045 del Código Civil, se caracteriza por lo siguiente:

a. Para que pueda declararse responsable a una persona de un daño, debe existir lo siguiente: -) Acción u omisión. -) Nexo de causalidad (vínculo de causa a efecto) entre dicha acción u omisión y el resultado dañoso. -) Dolo o culpa. -) Daño (lesión contraria al Derecho).

b. A su vez, el demandante que pretende que otra persona sea declarada responsable e indemnice por el daño, debe demostrar (carga de la prueba) todos los anteriores requisitos por parte del demandado.

2. La normativa actual emplea un concepto diferente de daño en lo que se refiere a materia ambiental. Cierta leyes específicas disponen expresamente la responsabilidad objetiva (como la Ley Nº 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos). Respecto a las demás materias ambientales, se aplica la jurisprudencia internacional en materia de responsabilidad por riesgo, de modo que quien ejerce una actividad riesgosa, debe responder objetivamente por los riesgos relacionados con su actividad.

3. El concepto de daño ambiental que utiliza el TAA se basa en dos conceptos de daño diferentes, con características y efectos distintos. Dependiendo del asunto en concreto que se requiera resolver y dependiendo de la norma específica que haya que interpretar para resolver el asunto, se utiliza uno u otro concepto:

a. El concepto de daño ambiental del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 3). Para este concepto solo existe daño ambiental cuando existe un impacto ambiental negativo significativo (ver también estos conceptos en dicho artículo) realizado por el ser humano, que NO haya sido contemplado en una evaluación de impacto ambiental previamente aprobada por la SETENA y

b. El del Reglamento de la Ley de Biodiversidad del 2008 (también artículo 3). Para este concepto existe daño ambiental cuando existe una destrucción o interrupción de los componentes de los ecosistemas, causando una alteración o cambio en la estructura o función de los ecosistemas, independientemente de que haya sido causado o no por ser humanos, independientemente de que sea intencional o no, e independientemente de que esta destrucción o interrupción sean o no irreversibles.

c. De acuerdo a la jurisprudencia del TAA existe responsabilidad objetiva. Por tanto no se requiere demostrar culpa o dolo por parte de quien resulte responsable del daño. Se debe entender que esta tesis se refiere a actividades riesgosas, como lo son todas, o prácticamente todas (99,999%) de las actividades de producción de bienes y servicios, más otras actividades riesgosas (ejemplo, tenencia de animales domésticos).

d. Por su parte, el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad establece el principio de inversión de la carga de la prueba. De ello se desprende que, cuando exista una actividad que por definición cause riesgos (como una actividad empresarial, por ejemplo, una mina, un monocultivo intensivo, etc.) y se denuncie a dicha actividad por daño ambiental, el denunciado será quien tenga la carga de demostrar que no existe un vínculo de imputación objetiva (“nexo de causalidad”) entre su actividad y el daño que apareció.

e. De lo anterior se desprende una exigencia clara de responsabilidad a quienes ejerzan actividades productivas, riesgosas por definición: Si en el entorno o cercanía de la actividad empresarial aparecen daños ambientales y estos son denunciados, el empresario deberá demostrar con pruebas fehacientes que el daño no les objetivamente imputable (“nexo de causalidad”). Si no puede demostrar eso, entonces se tiene por demostrado: -) Que es el autor del daño. -) Que debe responder por dicho daño, por cuanto no cabe eximirse por falta de dolo o culpa, por cuanto la responsabilidad es objetiva.


II. Segundo Tema.

Origen de la reforma del artículo 50 CP para incorporar el derecho a un ambiente sano. En alguna ocasión me pareció ver una referencia a la jurisprudencia de la Corte Plena cuando ejercía jurisdicción constitucional (antes de la creación de la Sala Constitucional), reconociendo el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, no he podido encontrar la referencia. Las que encuentro están en el libro de Álvarea Molia, Marianella et al. Jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente. San José, IJSA, 2001, págs. 23 t ss., citando votos de la Sala Constitucional referidos a dicho derecho, emitidas antes de la modificación del artículo 50 CP, entendiendo que el derecho al ambiente (y a la salud) de deduce del derecho a la vida del precepto 21 CP: 233-93, 03705-93, 01763-94, 0031-95, 4194-95, 4422-93, 4423-93, 3705-93, etc.

Recomendaría que preguntes a tu directora, a la oficina de la Sala Constitucional de información de jurisprudencia, así como a la Secretaría de la Corte Plena. Sería bueno consultar en la Asamblea Legislativa los antecedentes de la ley de modificación del artículo 50 CP, pues allí puede haber referencias. Finalmente, en último caso, en el caso hipotético de que te interese, mirar con lupa todos mis libros, por si acaso tuviera razón. O si prefieres te limitas a los votos de la Sala Constitucional antes de la reforma del art. 50 CP.


III. Tercer Tema.

En tercer lugar, se requiere indicar si existe alguna iniciativa actual de mejora de la institución.

En respuesta a lo anterior, cabe remitirse al Proyecto de Ley Nº 18191, el cual se puede consultar en la página web www.asamblea.go.cr de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Se puede buscar esta dirección y después cliquear en: “Ver texto base”: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18191

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