martes, 29 de mayo de 2012

Apuntes de Responsabilidad.


Apuntes sobre la Responsabilidad Ambiental


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1. Consultada la página del Poder Judicial los días 31 de agosto y 1º de setiembre del 2009, se determina que no existe sentencia alguna, de ninguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, que base su ratio decidendi en los artículos 45, 54 ni 109 de la Ley de la Biodiversidad, ni tampoco en el precepto 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. (Nota: las dos sentencias 112 y 113 del 11 de octubre de 1995 citadas por el Prof. Zeledón sobre la responsabilidad en materia de quemas, no son aplicables a la consulta formulada; la primera, porque declara expresamente que en materia de quemas la legislación establece responsabilidad objetiva; respecto a la segunda, quien incumple es la Administración, por lo cual se aplica el régimen de responsabilidad objetiva de la Administración según dispone la LGAP).

2. El voto del Tribunal Contencioso Administrativo N° 19-2009-S.X de las once horas y cincuenta y nueve minutos del trece de febrero del dos mil nueve, Exp. N° 03-685-163-CA, establece varios aspectos interesantes:

a. De un mismo hecho pueden nacer diversos géneros de responsabilidad como la penal y la administrativa, pudiéndose llevar a cabo procesos diferentes para determinar lo procedente según las normas de responsabilidad propios de cada uno de los órdenes.

b. Existe responsabilidad por omisión de los propietarios de un inmueble incluso cuando una tercera persona entra a su propiedad y causa un daño ambiental. Este voto, aunque expresamente excluye la aplicación de responsabilidad objetiva, implícitamente la admite, pues utiliza un concepto de “responsabilidad por omisión” que implicaría que un propietario estuviese personalmente veinticuatro horas al día inspeccionando el fundo para evitar daños ambientales. Por ello es que a efectos prácticos está imponiendo al propietario una responsabilidad objetiva en materia ambiental:
“Tercer agravio: El apoderados de los actores indica que en la sentencia impugnada, se aplican e interpretan erróneamente los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, dándosele a dichas disposiciones alcances que no tienen. Se transcribe el texto del art. 101 y se dice que en el caso en concreto, no se posible que se condene a los actores "al pago civil y a una solidaridad", cuando no se ha sido el causante de las infracciones. Señala que incluso a los actores se les absolvió de los delitos señalados en los artículos 57 y 61 de la Ley 7575. Se señala que el artículo 101 de la ley antes citada es impreciso, siendo que en este caso, los actores no tienen ninguna empresa constituida y mucho menos actividad comercial o lucrativa en la finca. Se concluye indicando: "Siendo así de donde (sic) sacan la norma que establece que nosotros por solo ser propietarios de una finca somos responsables objetivos por acciones que realicen terceras personas. no (sic) puede el juzgado y mucho menos el Tribunal Ambiental Administrativo considerar que este artículo conlleva una autorización para castigar al dueño de la finca por acciones o (sic) omisiones de terceros, que nada tienen que ver con nosotros. Interpretar en contrario sentido es extender la norma a supuestos no contemplados por el legislador, violando el principio de legalidad" (fs. 317-318).-
Tampoco el argumento anterior, puede prosperar. Téngase presente que existe responsabilidad por omisión de los propietarios de inmuebles, que no hayan impedido que se haya cometido el daño ambiental, por aplicación directa de la frase del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo texto ya citamos, no apreciándose la imprecisión alegada. Aún más, en el caso de los propietarios de una propiedad inmueble que cumple una función ecológica, como es en la que se produjo el daño ambiental, no se encuentra que no exista una aplicación a supuestos no aplicados por el legislador, sino más bien que las resoluciones administrativas cuestionadas, se cumplió con los propósitos de la ley, que son establecer un régimen de responsabilidad amplio, cuando se enfrente el daño ambiental. Tampoco, la existencia de una forma de responsabilidad por comisión (la cometida por Ronny Monge), excluye la responsabilidad por omisión de los aquí actores”.

3. Sostiene la existencia de responsabilidad civil ambiental objetiva respecto a las actividades generadoras de riesgos, la sentencia del Tribunal de Casación Penal Nº 2004-0493, del 20 de mayo del 2004.

“El tribunal de juicio absuelve al encartado en aplicación del principio in dubio pro reo, pero condena a la demandada civil en aplicación de la responsabilidad objetiva y con fundamento en el artículo 1045 del Código Civil. De manera que lo único que se discute en el presente recurso son los aspectos civiles y no los penales. Lo anterior hace que resulte cuestionable la discusión y aplicación de los requisitos de la “Cadena de Custodia”, que es un instituto netamente penal para determinar la legitimidad de la prueba a un tema estrictamente civil, donde operan otros principios y fundamentos. En efecto, como todos sabemos, la responsabilidad civil surge de dos grandes vertientes. Por un lado la responsabilidad contractual, que no es del caso analizar, y por otro la responsabilidad extracontractual. Esta última se compone de la responsabilidad subjetiva y la objetiva. La responsabilidad subjetiva es aquella que surge como consecuencia de un comportamiento doloso o culposo en virtud del cual se produce un daño. Precisamente esta responsabilidad se encuentra expresamente contemplada en el artículo 1045 del Código Civil, el cual señala “Todo aquel que por dolo, falta, negligencias o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. De donde se colige que resulta indispensable demostrar tanto la existencia del daño como la relación de causalidad entre ese daño y la conducta dolosa o culposa. Lo anteriormente expuesto, nos permite establecer que el juzgador un error material al sustentar la responsabilidad objetiva en el citado artículo 1045 del Código Civil, cuando precisamente esa norma se refiere a la subjetiva, yerro que, conforme a lo dispuesto por los artículos 146 y 433 del Código Procesal Penal debe ser corregido en la forma que se dirá seguidamente. En el presente caso surge la responsabilidad objetiva, cuyo punto de partida no es la acción del sujeto sino más bien el desarrollo de actividades industriales, comerciales, agrícolas que aunque lícitas, son causas generadoras de riesgo y fuente potencial de daños. Su fundamento no es subjetivo, sino más bien objetivo en la medida que el interés central no es sancionar o castigar, sino reparar. Progresivamente, el nuevo derecho de daños, con criterios solidaristas, se orienta hacia la objetivación de la responsabilidad y toma en cuenta otros criterios basados en valoraciones económicas, sociales, etc, que impone que el daño sufrido no sea asumido exclusivamente por la víctima y pueda ser trasladado económicamente a un tercero. La idea se centra no ya en sancionar o castigar al autor de la conducta antijurídica, sino en la necesidad de que el daño sea reparado. (Cfr: Ghersi , Carlos Alberto. Teoría General de la Reparación de daños. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, p 143 y 144.) Según dispone el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…” De acuerdo con dicha normativa, el fundamento de la reparación no estriba en la culpa o el dolo, sino más bien en la producción de un daño. Norma que se complementa con los artículos 46 y 50 de la misma Constitución. Al respecto el ordinal 46, párrafo final dispone que “…los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo…”, mientras que el 50 establece: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes” (El subrayado es nuestro). Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, desarrollando el postulado constitucional, en su artículo 2 inciso d) dispone un principio general a cuyo tenor: “Quien contamine el ambiente o le ocasiones un daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y las Convenciones internacionales vigentes.” Mientras tanto el numeral 59 del mismo cuerpo normativo define la contaminación del ambiente como “toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar a la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.” Respecto al vertido de material contaminante, que es precisamente lo que estamos discutiendo, artículo 66 de la ley en comentario establece que “ …la responsabilidad de tratamiento de vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación…”. Finalmente, el 101 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone que “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados…” De la normativa citada se desprende claramente que nuestro legislador ha receptado y materializado el principio tradicional en materia ambiental, conforme al cual “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo. Estamos frente aun cambio de paradigma, ya que no siempre la responsabilidad se encuentra fundada únicamente en la teoría de la culpa, sino que el aumento de causas de dañosidad producidas por el desarrollo industrial, comercial y agrícola exponen al ser humano a mayores riesgos. En relación con esta temática y analizando el párrafo quinto del Código Civil, Víctor Pérez señala que " en nuestra jurisprudencia… se ha aclarado que los párrafos 4 y 5 del artículo 1048 del Código Civil no se basan en la responsabilidad por culpa directa o indirecta, sino en la responsabilidad objetiva- es decir sin culpa-, que recae sobre los empresarios de establecimientos peligrosos y los que se dedican a la explotación de los medios de transporte; estos dos reglas son reflejo de la teoría del riesgo. En realidad, con esto, la ley ha tomado en cuenta dos cosas: de un lado, excitar el cuidado de los dueños y empresarios de actividades peligrosas, en el sentido de impedir accidentes y, de otro lado, garantizar mejor el pago de la respectiva indemnización, poniéndolo directamente a cargo de los individuos solventes. Como puede observarse, a diferencia de los casos de "responsabilidad por culpa", la responsabilidad objetiva reside en el hecho de que aquél para su propio provecho crea una fuente de probables daños y expone a las personas y los bienes ajenos a peligros y queda obligado si el daño se verifica…" (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. San José, Publitex, 1998, p. 416). Desde la óptica práctica, la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del lesionado que significa una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que éste queda exonerado de la carga de probar la culpa o dolo del causante del daño y tampoco requiere probar su falta de culpa, a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva. El fundamento de este tipo de responsabilidad es el reconocimiento social de que ciertas actividades, aún siendo lícitas (por lo que no es requisito el ser antijurídicas) y necesarias dentro del desarrollo social y tecnológico actual, que no puede ni debe ser obstruido, pero que, concomitantemente generan un riesgo -como entidades productoras de eventuales daños- el cual desde luego no debe ser asumido por la víctima o sus allegados, sino más bien por aquel que se beneficia de la actividad riesgosa o de la tenencia de una fuente productora de peligro. Esas empresas, generadoras de peligro para la comunidad y de beneficio para su dueño, constituyen un medio a través del cual se produce el daño a la víctima. De manera que como causante del perjuicio, se encuentran obligados a repararlo. (Sobre la responsabilidad civil objetiva, crf: Voto 085-F-99 del 10 de marzo de 1999, Tribunal Superior de Casación Penal. Voto No: 1262-97 de las 11:30 horas del 14 de noviembre de 1997. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No: 525-F- 2001 del 31 de mayo del 2001, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente Sala Segunda Civil de la Corte Suprema de Justicia, No: 304 de las 15:10 horas del 4 de octubre de 1973 y 481 de las 10:05 horas de 20 de julio de 1992, del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda). Así las cosas, el argumento central del recurrente en cuanto a que se violó la cadena de custodia en relación con la recolección de muestras no resulta atendible. Tales principios son válidos para establecer la responsabilidad penal, no así para la responsabilidad civil donde aplican otros criterios. Debemos recordar que las muestras de agua no fueron tomadas por miembros del Organismo de Investigación Judicial, ni por oficiales de dicha dependencia. Fueron más bien los miembros de la estación de Guarda costas de Golfito y personeros del Ministerio de Salud quienes se encargaron de dichas diligencias. En todo caso, en relación a los reparos sobre la recolección de agua y sus resultados, la sentencia se pronuncia de manera motivada”.

4. En el mismo sentido se pronuncia también el Tribunal de Casación Penal en su fallo Nº 2005-1278, del 2 de diciembre del 2005:

“Sin embargo, del contexto general de la sentencia se colige que se asume la responsabilidad objetiva, cuyo punto de partida no es la acción del sujeto sino más bien el desarrollo de actividades industriales, comerciales, agrícolas que aunque lícitas, son causas generadoras de riesgo y fuente potencial de daños. Su fundamento no es subjetivo, sino más bien objetivo en la medida que el interés central no es sancionar o castigar, sino reparar. Progresivamente, el nuevo derecho de daños, con criterios solidaristas, se orienta hacia la objetivación de la responsabilidad y toma en cuenta otros criterios basados en valoraciones económicas, sociales, etc, que impone que el daño sufrido no sea asumido exclusivamente por la víctima y pueda ser trasladado económicamente a un tercero. La idea se centra no ya en sancionar o castigar al autor de la conducta antijurídica, sino en la necesidad de que el daño sea reparado”.

5. Se ha de notar que en estas sentencias se absolvió penalmente a los autores pero se los condenó civilmente por parte de la jurisdicción penal.

6. En todo caso, respetuosamente sostenemos que dichas sentencias no han ponderado el artículo 109 de la Ley de la Biodiversidad. Debe aclararse que dicho precepto NO establece un régimen de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba (presumiendo, salvo prueba en contrario, la existencia de la culpa). Si ese fuera el caso, el precepto estaría redactado de forma distinta. De la redacción del texto se desprende que la carga de la prueba que se está invirtiendo es la que se refiere al resultado dañoso del que se acusa a quien se atribuye una acción u omisión que contraviene la normativa tutelar del ambiente (“no permitidas” dice el artículo). Dicho precepto parte de la base de que la simple violación de la normativa hace nacer la presunción de generación del daño. Esto sólo se entiende si se piensa que el artículo naturalmente no está exigiendo la existencia de culpa, pues salta de la infracción al resultado dañoso que se presume, sin exigir ningún otro requisito. De lo anterior se concluye que no es sólo que no aplique la responsabilidad subjetiva, sino que incluso la Ley ya no exige que existan todos los requisitos de la responsabilidad objetiva, pues del sólo hecho de que exista una infracción a la normativa ambiental, se presume la generación de daño ambiental.

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