miércoles, 7 de septiembre de 2011

Respuesta a la Consultoría que Pretende Crear una "Unidad de Atención de Denuncias Ambientales" (III).

3. Se encuentra incorrecta la afirmación de la consultoría aduciendo que la Contraloría Ambiental es el órgano competente para la centralización de las denuncias.

4. Tampoco acierta la consultoría al aseverar que el Ministerio costarricense de ambiente carece de un órgano con competencias generales en materia de denuncias ambientales, pues este órgano es el SINAC.

5. Por error se asevera a folio 46 que el Tribunal Ambiental Administrativo cuenta con ingenieros civiles, pues no es así. El personal es sumamente limitado.

6. Respecto al peligro de que “potencialmente puede producirse una decisión contradictoria respecto de una misma actividad denunciada: por ejemplo, paralización por parte del TAA y medidas de mitigación ordenadas por la SETENA”, es el mismo “peligro” de que pueda existir una contradicción entre decisiones del Poder Judicial y de una instancia administrativa; lo importante es la redacción adecuada de resoluciones en el marco de coordinación, respetando las competencias de cada órgano.

7. Concerniente a los folios 50 y 146 se omite indicar un supuesto (extremadamente frecuente en la práctica) en el cual un proyecto puede contar con viabilidad ambiental, pero estar causando al mismo tiempo daño ambiental, con lo cual el Tribunal Ambiental Administrativo sería competente para prevenir la continuación del daño y para dar respuesta al daño ya acaecido, incluyendo la indemnización procedente de daños y perjuicios. Esto que ocurre tan frecuentemente es: Se aprueba una evaluación de impacto ambiental para un proyecto con unos impactos determinados como, por ejemplo, un proyecto turístico de diez cabañas; pero en realidad de construyen diez edificios grandes de apartamentos; al respecto se determina que el proyecto que realmente se ejecutó no fue evaluado por la SETENA, por lo cual todos los impactos que causó son daño ambiental, de acuerdo a la definición de daño ambiental del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, reformado por el Decreto Ejecutivo Nº 32734-MINAE), siendo competente el Tribunal Ambiental Administrativo para conocer del daño ambiental.

8. La consultoría elabora el protocolo bajo el supuesto erróneo de que es únicamente un órgano del MINAET el que va a ser competente para conocer de cada denuncia. Lo abrumadoramente más frecuente es que varios órganos del MINAET sean competentes, cada uno en su especialidad técnica específica; por ejemplo, ante una extracción clandestina de materiales en un área silvestre protegida, resulta competente la Dirección de Geología y Minas para determinar si existe o no concesión vigente y, de no haberla, calcular el valor del material extraído, el SINAC para evaluar si se otorgó o no un permiso de uso y dictaminar medidas de mitigación, la SETENA para discriminar si existe evaluación de impacto ambiental, etc. El caso más frecuente de sembrar o construir en el radio de protección de una presunta naciente o en el área de protección de un posible río, se requiere evaluación de la Dirección de Aguas acerca de la naturaleza del cuerpo de agua, criterio de la SETENA acerca de la evaluación de impacto ambiental, intervención del Tribunal Ambiental Administrativo para pronunciarse sobre la valoración del daño ambiental, informe del SINAC respecto a las medidas de mitigación necesarias, etc. Esta necesidad de un actuar coordinado en inspecciones y emisión de criterios cuando diversos órganos del MINAET son simultáneamente competentes, es sistemáticamente omitido por la consultoría, lo cual hubiera resultado esencial para elaborar un protocolo de coordinación de denuncias.

9. Muy unido a lo anterior, nos encontramos con que la investigación preliminar en el trámite de las denuncias (regulada por jurisprudencia abundante de la Sala Constitucional), es también pasada por alto por la consultoría.

10. En principio no resulta válida la propuesta del folio 139 de que sea el ICE el que financie operaciones de la Unidad de Denuncias, pues dicha institución es denunciada en diversos procesos en varias instituciones del MINAET.

11. No parece ser tan correcta la explicación verbal ofrecida el día de ayer en el taller por parte de la Dirección Jurídica en el sentido de que se encuentra un error de redacción en el folio 140 cuando se atribuye a la Unidad la potestad de determinar cuál es el ente competente para conocer de la denuncia. Afirmamos que no parece ser un error de redacción, sino una equivocación de la consultoría como tal, pues la creación por reglamento de una Unidad nueva para atender denuncias conlleva, por su misma naturaleza, la potestad de decidir cuál sea el ente competente. Por ello consideramos que la consultoría como tal no debe implementarse, pues el error consiste en suplantar la competencia del SINAC.


V. Contrapropuesta.

La contrapropuesta se articula en torno a los siguientes lineamientos:

 Por las razones explicadas no procede la creación de una Unidad Centralizada de Atención, Trámite y Seguimiento de Denuncias Ambientales. Pero sí cabe la implementación de una Herramienta Informática Integrada de Atención, Trámite y Seguimiento de Denuncias Ambientales.

 Partiendo de los órganos ya existentes del MINAET en materia de denuncias ambientales, se propone implementar una herramienta tecnológica en línea en el cual cada oficina del MINAET que tramite denuncias pueda incorporar y recibir datos, facilitando la coordinación y ahorrar cantidades importantes de tiempo.

 El punto fundamental consiste en que cada denuncia nueva que se reciba, ya sea por parte del SINAC, Tribunal Ambiental Administrativo, SETENA, etc. sea incorporada a un programa en línea con los datos importantes de la denuncia (y, en cuanto sea posible, escaneando el texto de la denuncia) incluyendo la dirección y coordenadas (con una aplicación informática que trabajará con la herramienta tecnológica), de modo que se evite abrir en cada institución la apertura de diversos legajos para una misma denuncia. Automáticamente el sistema otorgará un número de secuencia a la denuncia válido para todo el MINAET. Ello permitirá que, independientemente del número de expediente que asigne cada órgano del MINAET competente para conocer de la denuncia, se utilice el mismo número de secuencia en todo el Ministerio, evitando duplicidades y facilitando el colocar los informes de las diversas instituciones en el expediente correcto, ahorrando mucho tiempo que actualmente se desperdicia por falta de ese número de secuencia único.

La propuesta de trabajar bajo un número de secuencia de denuncia en línea único para todo el MINAET fue acogido favorablemente por la representante del SINAC en el taller de ayer, la Licenciada Martha Jiménez.

 Dentro de los datos que el o la recepcionista de cada órgano del MINAET incorporará a la herramienta informática integrada cada vez que reciba una denuncia, estará una lista preliminar de las diversas instituciones cuyos informes podrían ser requeridos para resolver la denuncia. Se debe aclarar que esa información será de uso interno de la Administración Pública, y no prejuzgará la decisión del jerarca de cada dependencia en el sentido de qué informes definitivamente se solicitarán para cada denuncia. Pero, en todo caso, al incorporar en el sistema una indicación de los órganos del MINAET a los cuales se podría requerir informe y/o inspección, facilitará que ese mismo día, cuando los demás órganos del MINAET consulten la herramienta, cuenten con la advertencia de la seria posibilidad de que se solicite su criterio sobre diversas denuncias, cuyo resumen (y, en lo posible, texto escaneado) se encontrará dentro de la herramienta. De este modo, los responsables de cada órgano ganarán tiempo en el trámite de las denuncias, pues podrán ir programando con antelación la realización de inspecciones y/o de informes.

 La herramienta deberá progresivamente incorporar una base de datos o mapa por coordenadas indicando las viabilidades ambientales, concesiones y permisos otorgados.

 Con mucha anterioridad, se ha subrayado la importancia de crear un sistema de valoradores del daño ambiental. Dicho sistema no tendría que ser necesariamente una oficina con funcionarios a tiempo completo, sino un listado secuenciado de funcionarios del Ministerio (destacados en diversas dependencias) que sean valoradores del daño, agrupados por sus respectivas áreas de especialización, oficializado por el Ministerio (haciendo obligatoria la colaboración de dichos funcionarios por directriz ministerial). De este modo, el Tribunal Ambiental Administrativo, cada vez que requiera una valoración del daño, ordenará el trabajo pertinente a los valoradores a los cuales les corresponda por turno.

 El disponer de un número de secuencia unificado para todo el Ministerio y una ganancia de tiempo en la programación de informes e inspecciones, facilitará la realización de inspecciones conjuntas por parte de funcionarios de los órganos competentes para cada denuncia, así como la emisión de criterios coordinados.


VI. Resumen.

 De acuerdo a la normativa actual, existe un órgano del MINAET con competencia para la protección de los diversos recursos naturales (incluyendo, por tanto, la canalización de denuncias) como lo es el SINAC (artículos 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad, la cual es posterior a la Ley Orgánica del Ambiente –LOA– y, por tanto, prevalece sobre el artículo 102 LOA que crea el cargo de Contralor Ambiental con objetivos diferentes).

 El protocolo que se pretende presentar al Sr. Ministro para oficializar, complicaría sensiblemente el panorama, colocando por encima del SINAC, regulado por ley, un órgano creado por simple reglamento (“Unidad Centralizada para la Atención, Trámite y Seguimiento de Denuncias Ambientales”) con funciones que son, algunas superpuestas, y otras contradictorias con la Ley citada, como lo son fundamentalmente la determinación de cuál sea el órgano competente para conocer la denuncia y la realización de un filtro previo.

 Imagínese la dificultad en la que se encontraría el Sr. Ministro en caso de que un administrado presentara un recurso de amparo alegando que el trámite de su denuncia, que corresponde legalmente al SINAC, se ha atrasado por causa de la “Unidad Centralizada” creada por reglamento, debido al poco personal de ésta, o bien a que dicha Unidad, de acuerdo a su criterio, ha solicitado requisitos que el denunciante, tiene que cumplir; el Sr. Ministro se vería obligado a informar a la Sala Constitucional que, por reglamento, ella ha establecido una Unidad (carente de desconcentración máxima) encargada de realizar un trámite y filtro previo de denuncias que, por ley, le corresponden a un órgano de desconcentración máxima; en tal sentido, el Ministerio se expondría a una posible condenatoria por parte del Poder Judicial.

 Tal como funcionan los procesos en la realidad, la Unidad vendría a retrasar la ya de por sí lenta gestión de las denuncias, creando un trámite adicional para las mismas, por una oficina con pocos funcionarios ante la avalancha de denuncias que se reciben en todo el Ministerio, acumulando retraso sobre retraso, negando el principio constitucional de justicia ambiental administrativa pronta y cumplida (preceptos 41 y 50 de la Constitución Política junto a abundante jurisprudencia constitucional).

 A lo anterior se suman las inconformidades legales previamente aludidas.

 Resulta preferible actuar en la dirección señalada por la Contrapropuesta.

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