martes, 17 de mayo de 2011

Jurisprudencia Ambiental VIII

‘Al respecto dijo el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 77 del tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres:
‘El principio non bis in ídem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativas diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado. Consecuencia de lo dicho, puesto en conexión con la regla de la subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la actuación de los Tribunales de justicia es que la primera, como con anterioridad se dijo, no puede actuar mientras no lo hayan hecho los segundos y deba en todo caso respetar, cuanto actúe a posteriori, el planteamiento fáctico que aquellos hayan realizado, ...’
(...) Si en vía penal se determina que el hecho no se cometió o no lo fue por la persona a la que se le atribuye, el notario no podría ser sancionado administrativamente por los mismos hechos. Si en vía penal se determina que el hecho irregular existió, pero no constituye delito, por ejemplo, por no haber sido cometido en forma dolosa, el asunto si podría ser examinado en vía administrativa. Se debe aclarar, sin embargo, que lo contrario no es inconstitucional. Es decir, es posible imponer una sanción disciplinaria cuando el hecho si fue penalizado en la jurisdicción común.’
Así las cosas, existe una independencia de vías entre lo penal y lo administrativo, pues ninguna está en principio subordinada a la otra en virtud de que gozan de autonomía; sin embargo, a pesar de que la palabra autonomía evoca la idea de independencia que no significa necesariamente independencia en todos los aspectos, no implica tampoco el aislamiento de una determinada rama jurídica del resto que conforma el todo llamado ordenamiento jurídico. Precisamente, el punto de análisis configura un buen ejemplo de complementación entre dos regímenes sancionatorios, pues la administrativa en este caso concreto necesita de la certeza y la seguridad jurídica que otorga el proceso penal, para poder imputar un determinado ilícito al abogado, y configurarse con ello una de las causales de suspensión del ejercicio profesional. Por consiguiente, no existe en la especie el vicio de inconstitucionalidad por violación al principio del non bis in ídem, ni a la libertad de trabajo.’
III.-
Las consideraciones de la sentencia parcialmente transcrita, son aplicables a este caso. Por consiguiente, el hecho de que se haya iniciado un proceso penal en el que el amparado se tiene como imputado, no enerva la potestad de la Administración de realizar un procedimiento disciplinario en su contra y dictar resolución final, de conformidad con la normativa aplicable al efecto. Esa situación no resulta violatoria de los principios de non bis in ídem y del juez natural, pues la naturaleza y la finalidad del procedimiento administrativo y del proceso penal, así como la normativa que los rige, difieren entre sí y un proceso no excluye al otro.”
Así las cosas, el mero hecho de que a la vez se siga un proceso penal y un procedimiento disciplinario no entraña violación alguna del Principio de “non bis in idem”, y así debe declararse. En efecto, aunque el inciso c) del artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente efectivamente fija la competencia del Tribunal Ambiental para fijar —siempre en sede administrativa— las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, esto no es más que un corolario dentro de la competencia general del Tribunal, y nada le impide al recurrente oponerse al cobro dicho alegando que tal determinación se está efectuando en la acción civil resarcitoria”.

36. Voto número 2008-016337, de las 17:56 horas del 30 de octubre del 2008. Considerando IV:
“En el caso bajo estudio, se desprende del elenco de hechos probados que en el Ministerio Público se tramita la causa número 08-200413-0431-PE por el delito de Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, contra Ariel Bustamante Sánchez, ello por cuanto se le imputa que el veintinueve de enero del dos mil ocho explotó riquezas ictiológicas del Área de Conservación Marina Isla del Coco. En ese sentido, dentro del citado proceso el diecisiete de abril de dos mil ocho, el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, presentó ante el Juzgado Penal de la Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Puntarenas, acusación y solicitud de apertura a juicio, concretamente por la infracción a los numerales 153 en relación con el 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Por otra parte, en el Tribunal Ambiental Administrativo, se tramita el expediente número 64-08-01-TAA, por violaciones a la legislación ambiental, pesca dentro del Parque Nacional Isla del Coco. Bajo esta línea el mencionado Tribunal dictó la resolución final número 843-08-TAA de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, en la que encontró responsable al señor Ariel Bustamante Sánchez, de infringir la Legislación Ambiental al efectuar labores de pesca en forma ilegal, por lo que acordó amonestarlo, le impuso el pago de la suma de 668,427.81 dólares estadounidenses por concepto de indemnización de daño ambiental, valorando para arribar a esta conclusión la existencia de un daño ambiental según lo dispone el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que le corresponde al Tribunal Ambiental Administrativo, tomar las acciones que sean necesarias con relación a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar la Legislación Tutelar del Ambiente y los Recursos Naturales. Por su parte, el Ministerio Público, investigó los hechos por la posible comisión de un delito, sea la Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, ello según lo estipulado en los artículos 153 en relación con el 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura. De esta manera, esta Sala concluye que las autoridades tanto del Tribunal Ambiental Administrativo como del Ministerio Público, actuaron conforme a las competencias que la Ley les otorga. Debe indicarse que si bien es cierto en ambos casos existe identidad de sujeto y de hechos, lo cierto del caso es que no llevan razón los accionantes al establecer que además hay identidad de objeto, porque a pesar de que si bien ambas autoridades eventualmente analizaron la comisión de los hechos a la luz de la Ley de Pesca y Acuicultura, ello no quiere decir que ambas ostenten la misma competencia, es decir, que la sanción impuesta sea la misma. Lo anterior por cuanto el Tribunal Ambiental se limita a valorar el daño ambiental sufrido, y para ello lógicamente debe analizar los cuerpos normativos en materia ambiental que pueden ser objeto de lesión, por su parte el Ministerio Público es el llamado a analizar la comisión de un delito, derivándose de ello una diferencia fundamental: que no todo daño ambiental es delito, pues para que lo sea debe estar previamente tipificado. Así las cosas, considera esta Sala que no lleva razón el accionante al aducir que en la especie se lesiona el principio de Non Bis In Idem, toda vez que estamos ante dos sedes distintas, una jurisdiccional y otra administrativa de las cuales se derivan responsabilidades distintas. Por último, es menester aclarar que no le corresponde a esta Sala valorar los actos concretos dictados dentro del procedimiento o del proceso que se tramitan contra el señor Ariel Bustamante Sánchez, por lo que si los petentes se encuentran disconformes con lo resuelto, lo procedente es que acudan a estas vías –como en efecto lo han hecho-, a efecto de alegar lo que estimen pertinente”.

XII. RECURSO HÍDRICO.

37. Voto 2004-01923. “Voto de Poás”. Las instituciones deben valorar con carácter integral el impacto global de los proyectos en zonas hídricamente sensibles, y no sólo individualmente, caso por caso, en los proyectos individuales que se someten a evaluación de impacto ambiental. En estas zonas se requiere realizar un mapa de susceptibilidad hídrica, catalogando también cada lugar de la región, respecto a si se pueden o no realizar actividades en ella y, de poderse, indicar las restricciones correspondientes. Asimismo deben las instituciones hacer el mapa de áreas de recarga y proceder de conformidad a ello. Se prohíbe otorgar permisos a una urbanización de alta densidad con tanques sépticos en una zona de recarga acuífera.

38. Voto 2006-18051. En éste se indica lo siguiente al Alcalde de la Municipalidad de Osa: Los proyectos que impliquen movimientos de tierras y se encuentren en el cantón de Osa, solo podrán autorizarse cuando se demuestre, mediante la autorización del MINAE, que estos no hacen peligrar los mantos acuíferos ni perjudican las áreas de recarga.

39. Voto 2007-17330 del caso Canyon Ridge. Es nula la viabilidad ambiental que se emite sin que conste un escrito que garantice la disponibilidad del agua.

XIII. ÁREAS DE PROTECCIÓN.

El artículo 33 de la Ley Forestal establece:
“ARTICULO 33.- Áreas de protección.
Se declaran áreas de protección las siguientes:
a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley” (la negrilla es añadida).

Que es deber ineludible de este Tribunal garantizar el respeto debido a las zonas de protección, removiendo cualquier obstáculo que invada dichas zonas, así como evitando cualquier amenaza a la integridad de las mismas, tal como se desprende, entre otros, de los artículos 50 de la Constitución Política, 61, 99, 103 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como 33 de la Ley Forestal.

Ello de debe a que las zonas de protección son bienes demaniales (dominio público) los cuales, como señala la Procuraduría General de la República (Dictamen C-295-2001, del 25 de octubre de 2001), se caracterizan por lo siguiente:

“Por lo tanto, bien de dominio público, o bien demanial como también se le designa, es aquel bien público (por pertenecer a un ente público) afecto a un fin de utilidad pública, en razón de lo cual está sometido a un régimen especial administrativo de protección y uso de los bienes De esta forma, tres son las características de los bienes de dominio público: 1) su pertenencia a un ente público; 2) su afectación a un fin de utilidad pública; y 3) su sometimiento a un régimen especial administrativo de protección y uso de los bienes (SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, p.37-40).
La doctrina ha hecho de la afectación a un fin de utilidad pública la principal característica de los bienes demaniales, lo que ha dado lugar a una visión no patrimonialista del dominio público desde la cual todos los bienes cuyo titular sea un ente público, están afectos, en alguna medida, a un fin de interés público. Esto implica algún grado de aplicación de normas de Derecho público a todos los bienes cuyo titular sea un ente público, incluso cuando se trata de bienes patrimoniales del Estado.
Desde la perspectiva anterior, el dominio público refleja un grado tan intenso de afectación a un fin público, que se excluye toda relación de propiedad. De esta forma, cuando se habla de dominio público, se está haciendo referencia a una técnica jurídica que da lugar a un título de intervención administrativa sobre bienes que han de considerarse como res extra comercium, más que un tipo especial de propiedad, y respecto de los cuales el Estado ejerce una especial tutela con base en potestades (y competencias) reguladas por el Derecho público, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines a los cuales están afectos dichos bienes (en tal sentido, vid. SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, p.24-26).
La noción de dominio público que se puede extraer del ordenamiento jurídico costarricense refleja una concepción no patrimonialista. El artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar la "... aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". Es decir, que cuando el Estado, en ejercicio de la potestad legislativa, demanializa bienes lo que hace es afectarlos a

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