martes, 17 de mayo de 2011

Jurisprudencia Ambiental VII

La importancia del compromiso forestal se evidencia asimismo en el voto de dicha Sala número 1993-2233:

“El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en último término significa la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es causa del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en toda su dimensión, significación y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta es indudablemente, positiva. Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el hombre -como género- y de la obligación consecuente, de esa protección y preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro país no está exento, lo que se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal conducta de nuestro pueblo no sólo se manifiesta de esa manera, porque internamente, lo que es primordial, también hemos actuado promulgando leyes cuyo fin tiende a esa protección”.

28. Voto 086-F-93 de la Sala Tercera de la Corte. El delito de corta de bosque rige incluso si el bosque se encuentra en propiedad privada.

29. La Procuraduría (C-297-04) resume así el principio de irreductibilidad del bosque:

“El TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL ha insistido en que el cambio ilícito del uso del suelo del bosque, para dedicarlo a otros fines, es una actividad nociva al ambiente. Al efecto, ha derivado de las disposiciones existentes el principio de irreductibilidad del bosque y dispuesto la restitución del área de bosque afectada al estado anterior a los hechos, para garantizar el derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado (sentencias números 2003-0366, 2003-396 y 2003-0450).
"No hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque". "Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados (incendios provocados, talas ilegales, etc.) estimularía actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible, en eso consiste el principio de irreductibilidad del bosque. De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque". Sentencia 2003-0396”.


30. También según el Dictamen citado en el párrafo anterior:

“En punto a la competencia para administrar las áreas boscosas de la zona marítimo, se colige que:
1) El Patrimonio Natural del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde hayan recursos naturales forestales (SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97, considerando IV).
2) Los bosques y terrenos forestales ubicados en la zona marítimo terrestre, dentro de las áreas inalienables, de titularidad estatal, constituyen bienes integrantes del Patrimonio Natural del Estado, en virtud de la afectación inmediata, sin concurrencia de la Administración, que hace la Ley Forestal (arts.13 y 14), e invalida los actos administrativos de enajenación o aplicación a otros usos (SALA CONSTITUCIONAL, voto 3789-92).
Por consiguiente, están bajo administración del Ministerio del Ambiente y Energía (artículo 13 ibid.).
3) Bajo la normativa actual se impone una interpretación sistemática y armónica de los artículos 1° de la Ley 6043 (sobre la Zona Marítimo Terrestre) con el 13, 14 y 15 de la Ley 7575 (Ley Forestal), y de estos entre sí. La Ley Forestal opera un cambio de destino, usos o aprovechamiento, traslado de competencia para la administración, planificación, conservación y protección de los bienes.
4) Las Municipalidades están inhibidas para otorgar concesiones sobre los bosques o terrenos forestales de la zona marítimo terrestre que integran el Patrimonio Natural del Estado y no administran.
5) Las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado ubicadas en la zona marítimo terrestre, están excluidas de la aplicación de la Ley 6043, por expresa disposición de su artículo 73, y se rigen por la legislación respectiva”.


31. En materia de autorizaciones o permisos en materia ambiental no rige el silencio positivo, como señalan los votos 1994-6332, 2954-1994, 2233-93, 6836-93, 1730-94, 1731-94 y 5506-1994.

32. Voto 1994-01763. “Terrenos propiedad del Estado que se encuentren protegidos por el régimen forestal, no pueden ser objeto de parcelación con el fin de adjudicarlos a pequeños productores agropecuarios”.


33. Voto 2002-8546. “No se violenta el debido proceso si en un decomiso de madera no se entrega un acta, pues será la Autoridad Jurisdiccional la que debe cumplir con ese principio procesal”.



XI. NO SE INCURRE EN NON BIS IN ÍDEM.


34. “Un mismo hecho puede dar lugar tanto a responsabilidad penal, civil y administrativa” (voto N° 6211-93).

35. Exp. 04-011500-0007-CO. Sentencia 2004-13535 Voto importante porque explica con detalle la constitucionalidad de la imposición de medidas cautelares por parte del TAA. También expone por qué no se incurre en non bis in ídem:
“I.-
Sobre las medidas cautelares impuestas. El recurrente aduce que el Tribunal Ambiental no tiene competencia para dictar medidas cautelares como las que le han sido impuestas. Sin embargo, la Sala ya se ha pronunciado en el pasado sobre este tema en los siguientes términos:
“El recurso de amparo ha sido instituido para tutelar aquellas infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales de las personas y no para controlar en abstracto, la correcta aplicación del derecho. En el caso de examen, como en el fondo lo que pretende el recurrente, es establecer una impugnación en contra del acto administrativo mediante el cual el Tribunal Ambiental Administrativo le impuso una medida cautelar a la amparada, en razón del supuesto uso de un pozo, el cual según señala el petente, no tiene ninguna relación con la propiedad que alquila; resulta improcedente que esta Sala se pronuncie al respecto, pues con el hecho acusado no se lesionan, en forma directa, sus derechos fundamentales y por ende, no es en esta vía donde corresponde dilucidar dicha disconformidad sino en la instancia respectiva, sea ante la propia autoridad recurrida, o bien en la jurisdicción ordinaria correspondiente. Cabe agregar, que la pretensión excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a un análisis de los hechos. Por las razones expuestas, este Tribunal, no está en posibilidad de establecer legalidad o no de la medida impuesta, así como tampoco puede entrar a determinar las condiciones del lugar arrendado, y si el pozo en cuestión forma parte del terreno arrendado o no, ni mucho menos si la amparada cumple o no con los requisitos establecidos por ley, a efecto de que se le exonere del permiso de salud correspondiente. Por lo expuesto el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.”(Resolución N° 01-11174 de las 15:05 horas del 30 de octubre de 2001).-
Asimismo, en sentencia N° 2001-11417 de las 16:36 horas del 6 de noviembre de 2001, la Sala dijo:
“En el fondo la disconformidad del recurrente radica en la denegatoria de los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio y del incidente de nulidad de actuaciones que planteó contra la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo de las quince horas cincuenta minutos del trece de setiembre de dos mil uno, que en lo que interesa dispuso ‘… dictar una medida cautelar de paralización de actividades, para que la empresa Parqueo Coronado S. A. en la persona de su apoderado (…) se abstenga de continuar con las labores de perforaciones de pozos , emanación de gases vehiculares (sic), contaminación sónica y operación de parqueo en la localidad de Coronado…’. El recurso de amparo ha sido instituido para tutelar infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales de las personas y no para controlar en abstracto, la correcta aplicación del derecho. En ese sentido, si el recurrente se encuentra disconforme con lo resuelto por la autoridad recurrida, ello constituye un conflicto de mera legalidad que no tiene el efecto de lesionar de manera directa derecho fundamental alguno de la sociedad amparada, por lo que será en la sede administrativa correspondiente y mediante los mecanismos establecidos al efecto donde deberá plantear su disconformidad. Así las cosas, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.-
Por último, en el pronunciamiento N° 2001-12044 de las 10:06 horas del 23 de noviembre de 2001, este Tribunal declaró lo siguiente:
“Por otra parte, no considera este Tribunal que con lo actuado se haya lesionado el derecho al debido proceso y a la defensa que le asisten, ya que la medida cautelar impuesta bien pudo haber sido impugnada por el recurrente en el momento en que tuvo conocimiento de ella, como en efecto lo fue (ver folios 6 a 8 del expediente principal), activando así los mecanismos de defensa que procesalmente le asisten en contra de estas decisiones.”
En consecuencia, no habiendo razones para cambiar de criterio, lo propio es que el recurrente impugne la medida cautelar que cuestiona ante el propio Tribunal Ambiental.
II.-
Sobre la alegada violación del principio de “non bis in idem”. Alega el recurrente que el Tribunal Ambiental Administrativo amenaza vulnerar el principio de “non bis in idem” al seguir un procedimiento administrativo en el que se pretende cobrarle una indemnización por hechos que ya son discutidos en sede penal y que eventualmente, si así se determina en la acción civil resarcitoria correspondiente, podrían generar un deber de indemnizar por daños ambientales. A este respecto, empero, tampoco observa la Sala que se viole en este caso el principio de “non bis in idem” por las razones que a continuación se indican. Para empezar, el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente establece claramente la competencia del Tribunal Ambiental Administrativo, en los siguientes términos:
“El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:
a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
B) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
C) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
D) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa.” (el resaltado y subrayado no es del original)
En este sentido, se entiende que el ámbito de atribuciones propio de ese Tribunal se limita a conocer de las infracciones al ordenamiento jurídico administrativo en materia ambiental. Establecido lo anterior, cabe recordar que la Sala Constitucional, en una ya abundante creación jurisprudencial, ha deslindado claramente el ámbito de acción en materia administrativa, disciplinaria y penal, y ello ha quedado ejemplificado claramente en la sentencia N° 2002-09616 de las 11:06 horas del 4 de octubre de 2002 que, en lo conducente, se transcribe a continuación:
“Para la resolución de este caso, es conveniente retomar lo dicho por la Sala en sentencia número 0364-95 de las dieciocho horas del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, en la que se indicó lo siguiente:
‘II. Considera el accionante que las normas precitadas contradicen el principio de non bis in idem, en virtud de existe dualidad de juzgamiento (penal y administrativo) con base en los mismos hechos. Sobre el punto esta Sala en sentencia número 3328-91 de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro manifestó que:

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