martes, 17 de mayo de 2011

Jurisprudencia Ambiental VI

VIII. LA DEMOLICIÓN DE LO CONSTRUIDO SIN PERMISOS Y LA VUELTA AL ESTADO ANTERIOR ES PARTE DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL, AUN CUANDO EL DESARROLLADOR ESTÉ FACULTADO A REALIZAR LA OBRA LEGALMENTE, CON PERMISOS, CON POSTERIORIDAD.

24. El Procurador Castro Lizano emitió oficio número AAA-026-2003. Cita el dictamen C-230-97, del 4 de diciembre de 1997, para el cual, cuando un sujeto que solicita una concesión realiza trabajos en la zona marítimo terrestre (ZMT) antes de que se le haya otorgado la concesión, se debe aplicar el artículo 13 de la Ley ZMT (desalojo, destrucción y demolición de todo lo realizado) ANTES de que se otorgue la concesión respectiva.

Luego cita el voto del Tribunal de Casación Penal 213-F-96, para el cual, según afirma el Lic. Castro: “La demolición de las construcciones forma parte de la reparación del daño provocado por un hecho delictivo, aun cuando se hubiese extinguido la acción penal. Incluso si después de construir se otorga la concesión, ello no implica la eliminación del delito”.

Ello hace que no sea aplicable la Ley de Construcciones, para lo cual cita la sentencia de la Sala Tercera número 167-F-92.

No resulta aplicable ni la prescripción, ni el pago de mejoras; manifiesta asimismo que la tolerancia o tardanza de la Administración no concede derechos; aduce además que lo anterior se aplica aun cuando los terrenos hayan sido otorgados en concesión a otras personas, citando al efecto los votos de la Sala Constitucional números 2306-91, 6758-93, 6192-95, etc.)

Leer lo indicado hace surgir la duda de si esta idea resulta aplicable a otras actividades que se comienzan antes de contar con viabilidad ambiental.



IX. ADVERTENCIAS DURAS DE LA SALA. DEBER CONSTITUCIONAL DE CELERIDAD.


25. Voto 2007-010275, exp. 06-002912-0007-CO. La Sala le da una gran regañada al TAA por cuanto, ante la falta de un informe necesario solicitado al Área, dejó sin resolver el caso, pasando mucho tiempo. Para la Sala: 1) El TAA debía pedir un proceso de investigación contra los funcionarios del Área tan pronto como hubieran constado el incumplimiento, y no esperar. 2) Debía resolver el caso y no quedar paralizado el proceso hasta que se recibiera el informe.


26. Voto Exp: 06-004564-0007-CO Res. Nº 2008-009042. Como se verá, el texto de esta sentencia es omisa, pero parece dar a entender que el TAA tiene el deber de que, cuando paraliza una actividad, tiene que garantizar que dicha paralización se cumpla de verdad:

“CASO CONCRETO. Está acreditado que desde el año 2003, el Ministerio de Salud había detectado problemas de contaminación en el vertedero de Naranjo. En oficio del 13 de marzo del 2003, conjuntamente el Jefe de Protección al Ambiente Humano de la Región Central Occidente y la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo concluyeron, después de inspeccionar el vertedero, que «toda el área espacial está totalmente colapsada» (folios 13-14). En oficio del 21 de enero del 2005, funcionarios del Proceso de Control Ambiente Humano le indicaron al Director de Protección al Ambiente Humano, previa inspección, que el «Vertedero Municipal de Naranjo por lo que se observa no solo es inapropiado para disposición y manejo de desechos, sino también se ha agotado la vía útil» (copia a folio 39 e informe a folio 34). Concluyeron lo siguiente: «Es Criterio [sic] de esta dirección que el nivel local área de Naranjo Proceda [sic] de inmediato a la clausura del lugar». Por su parte, el Tribunal Ambiental ordenó, como medida cautelar, en enero del 2005, paralizar toda actividad de disposición de desechos en el vertedero (folio 19 del expediente administrativo del tribunal). Sin embargo, la Municipalidad siguió depositando desechos. El Ministerio de Salud lo clausuró en octubre del 2007, varios años después de haber recomendado la clausura inmediata y más de un año después de haber recibido la notificación de este amparo. Es evidente, que los recurridos no actuaron con diligencia. Los representantes de la Municipalidad argumentaron que el cierre técnico requiere de varios trámites, incluso engorrosos — que ya se iniciaron—, por lo que no es posible ejecutarlo de inmediato. En efecto, así se acreditó, pero esto no implica que mientras esperaba los permisos para el cierre técnico podía continuar con el depósito de basura. En consecuencia, considera este Tribunal que tanto el Ministerio de Salud, el Tribunal Ambiental Administrativo y la Municipalidad lesionaron el derecho fundamental a un ambiente sano, protegido constitucionalmente. Como se explicó en líneas anteriores, el recuso se acoge para efectos de daños y perjuicios. Por otro lado, las intervenciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se circunscriben al proyecto de cierre técnico, que no fue objeto de este amparo, por lo que no es necesario pronunciarse al respecto”.


X. TALA DE BOSQUE.


27. Lo anterior implica una violación de la normativa tutelar del ambiente: artículos 19, 20, 33 y concordantes de la Ley Forestal.

A ello no se opone el hecho de que las infracciones citadas se cometieran dentro de una propiedad privada, pues la misma se entiende configurada desde su interior por su componente ambiental, de modo que no cabe atribuir al derecho de propiedad un contenido o extensión que vulnere el paradigma de la sostenibilidad. En este sentido, la Sala Constitucional sostuvo en su voto número 1991-0796 lo siguiente:

“En efecto, conforme al artículo 45 de la Constitución Política, las únicas limitaciones a la propiedad privada autorizadas, son aquellas impuestas por razones de interés social, que la Sala entiende al igual que la Corte Plena cuando actuaba como Tribunal Constitucional cuando dijo:
«En la Constitución de 1949 no se llegó a declarar la llamada «función social» de la propiedad, pero si se mantuvo el mismo concepto de «interés social» de la propiedad, y tanto por la época en que esa regla fue incorporada al derecho constitucional patrio, junto con las garantías sociales, como por los motivos que impulsaron la reforma y por el sentido que desde años anteriores se daba a esa expresión de la literatura jurídica, no ha duda de que aquel concepto se identifica con los problemas de las clases sociales, acentuadamente las de menores recursos, y con las medidas que deben adoptarse para mejorar las condiciones económicas de esas clases y lograr que la convivencia humana se oriente hacia la consecución de un bien común y de justicia social ...» Sesión extraordinaria de Corte Plena del 25 de marzo de 1983.-
Como se ve, el concepto de interés social es empleado en la Constitución con un sentido diferente al de interés público, y así debe entenderse porque la norma se introdujo como artículo 29 de la Constitución de 1871, junto con la reforma que adicionó en 1943 a la Constitución, el capítulo de garantías sociales, que es hoy el artículo 45 de la Constitución.-
Como se vio, ya la Corte Plena había definido la diferencia entra las limitaciones a la propiedad autorizadas por la Constitución y las que constituyen una expropiación velada. Véase esta otra sentencia:
«Las limitaciones -o límites- que es posible imponer a la propiedad... son las de "interés social" que autoriza el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución y que están dirigidas a proteger intereses de ese género, en beneficio de la sociedad entera o de algunas de sus comunidades: es decir, "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política» Sesión extraordinaria de Corte Plena del 16 de junio de 1983.-
Desarrollando este concepto de «privación de un atributo primario del dominio» que impide el goce de los bienes, podemos decir que la limitación es un método para definir el contenido del o el ejercicio del derecho de propiedad, que califica y afecta el derecho en sí mismo. En consecuencia la afectación es válida y no genera la obligación estatal de indemnizar en tanto afecte a todos de forma general. Sin embargo, cuando la limitación solamente afecta a una persona en particular, se produce una expropiación. Véase cómo pueden existir disposiciones limitativas del derecho de propiedad de tipo general en relación conciertas categorías de bienes, como por ejemplo la propiedad forestal, tema que nos ocupa en este recurso de amparo, la zona marítimo terrestre, etc., o puede tratarse de categorías de propietarios, como lo serían extranjeros que no pueden comprar cierto tipo de tierras en ciertas áreas del país. Pero lo cierto es que el elemento que definiría la situación, sería el grado de sacrificio que debe sufrir el propietario. Si este es atípico o de especial gravedad y lo coloca en situación de desigualdad o de superioridad frente al resto de los propietarios, la limitación pasa de ser constitucionalmente válida a ser una expropiación necesariamente sujeta a indemnización”.

Por su parte, la sentencia número 1995-5893 manifiesta que:

“De previo a entrar a examinar el fondo de la acción, es preciso hacer algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad y sus límites y limitaciones. Tradicionalmente se ha dicho que el derecho de propiedad, pertenece a la categoría de derechos de la persona, en cuanto forma parte de una comunidad socio-económica. Esta categoría, otorga a los particulares una serie de derechos que les permite desarrollarse, por una parte, como empresarios y, por la otra, como beneficiarios de una serie de prestaciones que le brinda el Estado, con el fin de buscar un equilibrio social adecuado. Pero ese derecho, está integrado por una serie de regulaciones normativas, cuya característica esencial es el establecimiento de prohibiciones o la imposición de deberes a sus titulares, sobre todo en relación con el ejercicio de facultades o poderes que integran ese derecho (uso, transformación, usufructo, disposición, etc.) Por lo tanto, tales regulaciones integrativas del derecho de propiedad, pueden válidamente imponer a los propietarios obligaciones de dar, hacer o no hacer, sin que ello implique necesariamente el deber correlativo de indemnización por parte del Estado. Ello es así pues no implican mayor sacrificio para el propietario, quien entonces no sufre agravio en su derecho.

Ligado íntimamente con lo anterior está el tema de la inviolabilidad de la propiedad, concepto que ha ido sufriendo una metamorfosis; empezó como un derecho de la primera generación y como tal, un derecho absoluto. Sin embargo, como en tantos otros campos del derecho, las necesidades socio-económicas han hecho que estos conceptos, que alguna vez fueron rígidos e inflexibles, evolucionen hacia una perspectiva mucho más amplia. El derecho de propiedad no escapó a tal situación. Modernamente, en tratándose del recurso forestal, se habla de la función ecológica de la propiedad, es decir, que este instituto jurídico debe orientarse al cumplimiento de una función de protección ecológica que, lógicamente, impone limitaciones a ese derecho, toda vez que esa función de protección no puede ser efectiva si no se admite una serie de limitaciones a la propiedad, las que pueden entenderse como aquellas limitaciones o regulaciones que no pueden ir más allá de cierto límite, ya que, de lo contrario, harían nugatorio el ejercicio del derecho de propiedad. A contrario sensu, sí se pueden establecer limitaciones en el tanto y en el cuanto el administrado pueda ejercer los atributos esenciales del derecho de propiedad, dentro de determinadas condiciones. De allí que, limitar la propiedad a tal punto que no se pueda ejercer ninguno de sus atributos esenciales, implicaría una expropiación de hecho -circunstancia en la cual la misma Ley Forestal N 7174, como se verá, establece los mecanismos indemnizatorios correspondientes- y dejaría ese derecho ayuno absolutamente de contenido y, por ende, contrario a lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.

Por otro lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la tendencia a considerar que el ambiente y la ecología, no son un interés de una región, de un país o de un continente en particular, sino que son intereses universales en la medida en que lo que se haga a favor o en contra de la naturaleza en un país o región, afecta también al resto de la tierra. Esto es lo que justifica básicamente algún tipo de limitación a la propiedad privada en aras de la defensa del ambiente, principio éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con el que se pretende un equilibrio entre conservación y producción, ambos intereses sociales. Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con el 50, ambos constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc., todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una específica regulación y naturaleza jurídicas… Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macroambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental… Asimismo, esta Sala se ha manifestado reiteradamente en cuanto a la protección del ambiente como derecho fundamental. Su protección ha sido intensa y, podríamos decir, hasta revolucionaria, pues ha señalado claramente las obligaciones que tanto el Estado como los particulares tienen en la lucha por conseguir un ambiente cada día más sano. De todo lo anterior, que es racional y constitucionalmente válido imponer limitaciones a la propiedad privada en pro de la conservación del medio ambiente y del patrimonio forestal.”

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