martes, 17 de mayo de 2011

Jurisprudencia Ambiental V

como entidades productoras de eventuales daños- el cual desde luego no debe ser asumido por la víctima o sus allegados, sino más bien por aquel que se beneficia de la actividad riesgosa o de la tenencia de una fuente productora de peligro. Esas empresas, generadoras de peligro para la comunidad y de beneficio para su dueño, constituyen un medio a través del cual se produce el daño a la víctima. De manera que como causante del perjuicio, se encuentran obligados a repararlo. (Sobre la responsabilidad civil objetiva, crf: Voto 085-F-99 del 10 de marzo de 1999, Tribunal Superior de Casación Penal. Voto No: 1262-97 de las 11:30 horas del 14 de noviembre de 1997. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No: 525-F- 2001 del 31 de mayo del 2001, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente Sala Segunda Civil de la Corte Suprema de Justicia, No: 304 de las 15:10 horas del 4 de octubre de 1973 y 481 de las 10:05 horas de 20 de julio de 1992, del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda). Así las cosas, el argumento central del recurrente en cuanto a que se violó la cadena de custodia en relación con la recolección de muestras no resulta atendible. Tales principios son válidos para establecer la responsabilidad penal, no así para la responsabilidad civil donde aplican otros criterios. Debemos recordar que las muestras de agua no fueron tomadas por miembros del Organismo de Investigación Judicial, ni por oficiales de dicha dependencia. Fueron más bien los miembros de la estación de Guarda costas de Golfito y personeros del Ministerio de Salud quienes se encargaron de dichas diligencias. En todo caso, en relación a los reparos sobre la recolección de agua y sus resultados, la sentencia se pronuncia de manera motivada”.



22. Voto Tribunal de Casación Penal 2003-0366. Exp. 98-200262-0567-PE. Responsabilidad ambiental objetiva.

23. Exp. N° 03-685-163-CA. Proceso ordinario contencioso-administrativo de Porfirio Herra Miranda y otros contra el Estado N° 19-2009-S.X Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Décima. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, Anexo A Se transcribe casi en su integridad los considerandos de la sentencia por ser relevantes. En primer lugar, explica los alcances de la responsabilidad civil ambiental del propietario (art. 101 LOA) aun cuando se haya probado que el daño ambiental fue causado por otra persona que no es el propietario. Aunque se achaca culpa in vigilando del propietario, en realidad (como resulta imposible que el propietario esté las veinticuatro horas del día vigilando) se trata de responsabilidad objetiva. Asimismo se indica que el TAA debe sancionar sin esperar a que se resuelva el proceso penal paralelo.
“Segundo agravio: El apoderado de los actores, indica que existió de parte del a quo una incorrecta aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Se combate la afirmación de que en este caso existió res2ponsabilidad objetiva, cuando en la propia sentencia impugnada se consideró que el Tribunal Ambiental Administrativo se equivocó al sancionar a Ronny Monge Castro, mismo que no es propietario de la finca donde se dio la afectación. Con base en lo anterior, el representante de los accionantes indica que el único responsable de la extracción y disposición ilegales fue esta última persona. Se manifiesta textualmente… Considera el apoderado, que los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente sólo son de aplicación a los responsables directos de la corta y no a los propietarios, que más bien este caso fueron los perjudicados por la acción del tercero y no el Estado, que además cobra por las acciones de un tercero. Si existió un tercero, que es responsable directo de la extracción, no es aplicable la figura de la responsabilidad objetiva…
Analizada la sentencia impugnada, se encuentran varias situaciones de importancia: 1) Que los aquí actores, omitieron su deber de vigilar adecuadamente el bien inmueble de su propiedad, lo que posibilitó que un tercero (Ronny Monge Castro), realizara la tala y construyera las trochas, actividades prohibidas, por tratarse de un bosque primario parte del patrimonio forestal del Estado (véase hechos probados 1, 2 y 11); 2) Que según lo indicado al inicio del considerando quinto de la sentencia, esa omisión en la vigilancia del inmueble que permitió la comisión del daño ambiental por un tercero, permite atribuirle responsabilidad por omisión , a los aquí actores, conforme con lo establecido en los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente…
3) Que conforme con lo indicado al inicio del considerando quinto, ya comentado, existió de parte de los aquí actores, la violación de los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, se cometió por omisión; forma de responsabilidad que en sentido estricto, no puede confundirse con la figura de la responsabilidad objetiva , que es precisamente la que existe con independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable ; 4) Que no obstante lo anterior y que al inicio del considerando quinto de la sentencia, se habla de una forma de responsabilidad ambiental, por omisión, más adelante (en el mismo considerado quinto, a partir del párrafo que inicia con la frase: “ La normativa indicada es clara”) se da un “salto lógico” y se comienza a hablar de responsabilidad objetiva, que según la doctrina es “(…) la determinada legalmente sin hecho propio que constituya deliberada infracción actual del orden jurídico ni intencionado quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos” (así la entrada de dicho concepto, en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, actualizado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas –Editorial Heliasta, Buenos Aires, 16ª. Edición, 2003, p. 352); 5) El hecho que en la sentencia cuestionada se haya dado el “salto lógico” mencionado, no la invalida, por cuanto, como vimos, la responsabilidad de parte de los actores, existió, razón por la cual los actos administrativos que se cuestionan en este proceso, son ajustados a derecho.-
V) Tercer agravio: (El apoderado de los actores indica que en la sentencia impugnada, se aplican e interpretan erróneamente los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, dándosele a dichas disposiciones alcances que no tienen. Se transcribe el texto del art. 101 y se dice que en el caso en concreto, no se posible que se condene a los actores "al pago civil y a una solidaridad", cuando no se ha sido el causante de las infracciones. Señala que incluso a los actores se les absolvió de los delitos señalados en los artículos 57 y 61 de la Ley 7575. Se señala que el artículo 101 de la ley antes citada es impreciso, siendo que en este caso, los actores no tienen ninguna empresa constituida y mucho menos actividad comercial o lucrativa en la finca…)
Tampoco el argumento anterior, puede prosperar. Téngase presente que existe responsabilidad por omisión de los propietarios de inmuebles, que no hayan impedido que se haya cometido el daño ambiental, por aplicación directa de la frase del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo texto ya citamos, no apreciándose la imprecisión alegada. Aún más, en el caso de los propietarios de una propiedad inmueble que cumple una función ecológica, como es en la que se produjo el daño ambiental, no se encuentra que no exista una aplicación a supuestos no aplicados por el legislador, sino más bien que las resoluciones administrativas cuestionadas, se cumplió con los propósitos de la ley, que son establecer un régimen de responsabilidad amplio, cuando se enfrente el daño ambiental. Tampoco, la existencia de una forma de responsabilidad por comisión (la cometida por Ronny Monge), excluye la responsabilidad por omisión de los aquí actores.-
VI) Cuarto agravio: Se cuestiona por parte del representante de los actores, la interpretación del art. 109 de la Ley Orgánica del Ambiente, por cuanto se consideró en la sentencia impugnada, que los administrados deben demostrar no haber ocasionado el daño, invirtiéndose la carga de la prueba...
El argumento no puede prosperar. Ya con anterioridad habíamos descartado que el hecho de que no se atribuyera responsabilidad penal de los aquí actores, incidiera necesariamente en lo que se decida en este proceso, tramitado ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de defensa y de acceso efectivo al debido proceso, por el hecho que no se practicara el reconocimiento solicitado en el inmueble, durante el procedimiento administrativo, se encuentra que tampoco lleva razón la actora, por cuanto revisado el expediente administrativo, existía prueba contundente sobre las características y gravedad del daño ambiental existente, siendo que las condiciones particulares del inmueble (específicamente los supuestos múltiples accesos a él), no podría en ningún momento haber eximido de la responsabilidad por el daño. Téngase presente también que tampoco en este proceso jurisdiccional, los actores instaron de forma efectiva el reconocimiento sobre el inmueble, ni aportaron otra prueba -testimonios, fotografías, vídeos- que permitieran determinar que en el momento de los hechos, el daño ambiental podía producirlo, cualquier otro sujeto. Así, en la especie, no se causó gravamen, ni indefensión alguna a los actores, por cuanto ellos a pesar de haber podido desarrollar actividad procesal, para demostrar los hechos que le interesaban, no la desplegaron como correspondía. En cuanto a la inversión de la carga probatoria, establecida en el art. 109 de la Ley Orgánica del Ambiente, esta es una regla procedimental fundamental en materia ambiental que por lo indicado, no se aplicó indebidamente en el presente caso.-
VII) Quinto agravio: Se indica que la resolución N° 409-2003 o N° 309-2003 (se citan indistintamente ambos números) de las 15 horas 43 minutos del 6 de mayo del 2003 del Tribunal Ambiental Administrativo, es contraria a derecho, por cuanto si bien por un lado se afirma que Porfirio Herra Miranda, Luis Herra Miranda, Floribeth Arroyo Cruz y Ronny Monge Castro, construyeron dos trochas y un patio de acopio y talaron indiscriminadamente el bosque sin la autorización de la Administración Forestal del Estado, por otro lado, se tiene que en el oficio ACOSA-SPF-CP-017-D, se manifiesta que la actividad ilícita fue realizada directamente por Ronny Monge Castro. Además, manifiesta que en la comparecencia celebrada el día 30 de enero del 2003, los actores acudieron a aclarar los hechos y a conocer datos sobre quiénes se habían robado la madera, siendo que incluso el funcionario denunciante no se presentó a la audiencia y los otros testigos (Adolfo Arias Velásquez, Freddy Zúñiga Baltodano y Daniel Beita Saldaña), no atestiguaron en su contra, encontrándose el proceso ayuno de prueba (fs. 320-322).-
Analizado el argumento de los actores, se encuentra que no puede prosperar. En ese sentido, revisada la sentencia de primera instancia, en ella se anotan y corrigen ciertas inconsistencias existentes en las resoluciones administrativas cuestionadas, llegándose a la conclusión acertada que si bien esas inconsistencias existían, los actos de la Administración, seguían estando apegados a derecho. En ese sentido, revisadas las resoluciones administrativas cuestionadas, se encuentra que se analizó la profusa prueba existente en los autos, que demostraba el daño ambiental causado y que ese daño se dio en la propiedad de los actores, no perdiendo consistencia esas conclusiones por la ausencia del funcionario denunciante.-
VIII) Sexto agravio: El apoderado especial judicial de los actores, indica que el Tribunal Ambiental Administrativo, incumplió con la función principal del procedimiento administrativo, como es determinar la verdad real de los hechos, siendo que realizó la comparecencia sin la presencia del funcionario denunciante y sin tener interés de allegar nuevas probanzas al expediente y sin averiguar el resultado de la denuncia penal existente en contra de los actores. Finaliza el argumento, diciendo: "En conclusión, no cabe duda, que el Tribunal Ambiental Administrativo no cumplió con su deber legalmente establecido (sic) en este caso concreto y actuó con un alto grado de negligencia, con arbitrariedad y muy muy (sic) poca seriedad".-
Este argumento es una mera repetición del anterior y por esa razón debe descartarse. No obstante, también cabe indicar que si bien existieron inconsistencias en las resoluciones administrativas cuestionadas, también es cierto que el Tribunal Ambiental Administrativo y las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía, fueron diligentes en la averiguación de la verdad real y brindaron oportunidades a los actores para que pudieran ejercer eficazmente su derecho de defensa. Tampoco se encuentra que haya existido arbitrariedad y falta de seriedad, por cuanto aún con las limitaciones materiales existentes, se determinó el daño y se pudieron establecer las responsabilidad del caso, sin que la falta de comparecencia del funcionario denunciante debilitara la fuerza de convicción de la prueba existente en el proceso.-
IX) Sétimo agravio: Se estima que el Tribunal Ambiental Administrativo, violó los derechos de defensa y debido proceso establecidos en el artículo 39 constitucional. Alega que el órgano administrativo debió esperar que la denuncia penal presentada por el MINAE en contra de los aquí actores, determinara el grado de responsabilidad. No obstante, así no se hizo, siendo que simplemente se presumió la culpabilidad y se condena…
Se encuentra que este punto del recurso, es una recapitulación de los argumentos esgrimidos durante el mismo. Cabe repetir entonces que en este caso, no se encontró vulneración de los derechos de defensa y debido proceso de los actores, durante el procedimiento administrativo. Tampoco se encuentra que exista falta de fundamento legal, para el establecimiento de la responsabilidad establecida en los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Se considera que si los actores estiman inconstitucionales los regímenes de responsabilidad o la decisión del legislador de redistribuir la carga de la prueba en materia ambiental, podrían establecer las acciones correspondientes ante la jurisdicción constitucional.-
X) Con base en lo antes argumentado, cabe descartar los agravios de los actores contra la sentencia de primera instancia y desestimar el recurso de alzada presentado”.

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