martes, 17 de mayo de 2011

Jurisprudencia Ambiental IX

usos públicos. Por su parte, el artículo 261 del Código Civil califica como cosas públicas (término equivalente a bienes públicos) aquellas destinadas por ley a un servicio de utilidad general y la que están entregadas a un uso público. Dispone este último numeral:
‘ARTÍCULO 261. - Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público.
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.’
Es clara la importancia que tiene la afectación a un fin de utilidad pública en el caso de los bienes de dominio público. Esto se refleja en la jurisprudencia constitucional, pues esta ha calificado a los bienes de dominio público como bienes extra comercium cuyo destino es el uso público y la satisfacción de intereses públicos, razón por la que están sometido a un régimen jurídico especial. Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que:
‘IV. (......) El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.’
-( Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2306-91 de 6 de noviembre de 1991). -
La afectación consiste en el destino que el poder público atribuye a un bien para el cumplimiento de una finalidad pública; es decir, su destinación para un uso público o un servicio público (ver, en tal sentido, PARADA, R., op. cit. p.46). La Sala Constitucional, por su parte, ha definido a la afectación como:
‘II. (....) La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la distinción entre "asignación del carácter público" a un bien con la "afectación" de ese bien al dominio público.’
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 3145-96 de 28 de junio de 1996).

Como hecho o como manifestación de voluntad del poder público, la afectación implica el destino del bien al cumplimiento de una finalidad pública. En tanto manifestación de voluntad del poder público este puede incorporar un bien, o una categoría de bienes, al demanio público ya sea en ejercicio de sus potestades legislativas, por medio de la ley…”

Es, precisamente, la Ley Forestal, la que atribuye un carácter demanial a las zonas de protección.

A tal efecto, dispone la sentencia número 160-2007 del Tribunal de Juicio de Heredia, la cual fue confirmada por el voto del Tribunal de Casación Penal número 2007-00964 (expediente número 01-001273-0369-PE):

"Las áreas de conservación suponen una limitación genérica, a todo propietario de inmuebles por los que corren los ríos de Costa Rica, con la finalidad de preservar el ambiente natural, la salud, la ecología y lo poco que pueda salvarse para el equilibrio del planeta Tierra, tal restricción al dominio es un régimen que obliga a mantener intacta la porción del inmueble bajo la tutela estatal, de donde deriva la posibilidad de realizar en aquella únicamente los actos permitidos por ese régimen".

La importancia de las zonas de protección se realza aun más a raíz de la vinculación entre la preservación del recurso hídrico con los derechos constitucionales, tema que ha profundizado brillantemente el voto de la Sala Constitucional número 01923-2004:

“Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –"sin agua no hay vida posible" afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente”.

Así, pues, este Tribunal se encuentra obligado a remover cualquier obra que se encuentre en una zona de protección, tanto en virtud del carácter directamente vinculante del derecho constitucional a la vida y a un ambiente sano hacia este Tribunal (artículo 11 de la Constitución Política), como por la naturaleza específica de sus funciones, consagradas en el precepto 111 de la Ley Orgánica del Ambiente.


XIV. PRINCIPIO GENERAL DE COORDINACIÓN.
El Principio General del Derecho de Coordinación inter e intra administrativa (entre órganos públicos de una misma institución y entre órganos diferentes de diversas entidades). Ello se desprende de la lectura conjunta de los preceptos 11 (eficiencia y eficacia) y 50 (ambiente y bienestar) de la Constitución, así como artículos 4, inciso e., 5, 42, 82, inciso b. de la Ley Orgánica del Ambiente, 10, inciso 13., 14, inciso 3., 25, inciso 3., 28, 96, y 102 de la Ley de Biodiversidad, 8 de la Ley Nº 8220 y art. 6 del Decreto Ejecutivo número 32565-MEIC.

En el voto de la Sala Constitucional número 2004-01923 se lee: “Evidentemente, esta concatenación de actuaciones administrativas revelan una total descoordinación inter-administrativa e inercia en el ejercicio de la competencias asignadas por la Constitución Política y la ley para la protección y conservación de los mantos acuíferos y sus áreas de carga-descarga al momento de otorgarle a la Constructora Vega & Vega S.A. los diversos permisos, autorizaciones y aprobaciones. Cabe agregar que, nada le impide… acudir ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política) para demandar, a partir de tales actuaciones públicas irregulares, la responsabilidad administrativa por los daños y perjuicios”.

XV. OTROS.

XVI. Voto 2004-6581. Respecto a TUNA TUN, la Sala ordena que se cumpla lo dispuesto por el TAA.

XVII. Voto 2004-01923 y voto 008-012113. Cuando exista choque entre diversos estudios técnicos se aplica el principio in dubio pro natura, con lo cual no se autoriza la actividad en cuestión.

XVIII. Voto 2003-6324. Aun cuando no se han emitido las normas que desarrollen la prohibición de la LOA de contaminación visual, la Sala determinó que ésta existía en un lugar de belleza escénica (Orosí), en la cual se desarrolla una actividad impactante (viveros con techos que, con la luz, se ven blancos).

XIX. Voto 2003-01027. La renovación de un permiso (como el permiso sanitario de funcionamiento) tiene la naturaleza jurídica de ser una solicitud de un nuevo permiso. Por ello se exige que el proyecto cumpla con toda la normativa (incluyendo la normativa ambiental) vigente al momento de la renovación del permiso, aun si esa normativa no hubiera estado vigente al momento de otorgar por primera vez el permiso.


XX. Voto 2001-12817. “Todos los terrenos que se inunden son humedales protegidos aunque estén fuera de un parque o refugio”.

XXI. Todos los Planes Reguladores y demás instrumentos de ordenamiento del territorio requieren evaluación aprobada ante la SETENA. Votos 2002-01220 y 2003-06322.

XXII. Voto 1996-6696. “Inhabilitación administrativa para obtener permisos para talar, es diferente a sanciones penales por violación a la Ley Forestal”.

Recopilado por:
Lic. Daniel Montero Bustabad
priority@businesslaw.eu.com

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