lunes, 28 de marzo de 2011

Introduccion al Canon de Vertidos en Costa Rica (IV).

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

Rige desde el 18 de octubre del 2008.

El concepto del inciso 8 del artículo 3 del Reglamento consiste en: “Canon ambiental por vertidos. Contraprestación en dinero pagada por quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio público, para el transporte y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana, y las actividades productivas”.

Señala Fortes Martín, Antonio. “Autorización de Vertidos”. En: Embid Irujo, Antonio et al. Diccionario de Derecho de Aguas. Madrid, Iustel, 2007, pág. 267: “…la actividad de vertidos constituye un uso común especial del dominio público sujeto por ende a la obtención de una previa autorización administrativa”.

Fortes. Op. Cit., pág. 266: “El vertido, sea directo o indirecto, es en sí misma una forma de contaminación en tanto que altera o modifica la calidad de la que hasta el momento gozaban las aguas antes de producirse aquél. De ahí que no es de extrañar que la actividad de vertidos sea una actividad limitada y excepcional y que la misma quede prohibida con carácter general”.
Casado Casado, Lucía. “Vertidos”. En: Alonso García, Enrique et al. Diccionario de Derecho Ambiental. Madrid, Iustel, 2006, pág. 1364., pág. 1371. Asimismo Fortes. Op. Cit., pág. 281.

Fortes. Op. Cit., pág. 280: “Ésta afirmación viene, por lo demás, expresamente reconocida por el TS al referirse a la práctica de los vertidos como un derecho ex novo creado en la esfera jurídica del particular”.

Casado. Op. Cit., pág. 1375. Asimismo Jiménez Compaired, Ismael. “Régimen Económico-Financiero del Agua” en: Embid Irujo et al. Op. Cit., págs. 831 y 832.

Fortes Martín, Antonio. Op. Cit., pág. 265 y ss. Este señala que incluso se considera vertido el realizado a la red de aguas pluviales. “De lo anterior fácilmente se colige que en la voluntad del legislador se encuentra proporcionar una amplia definición de vertidos que impida abrir cualquier resquicio por el que algún comportamiento o actuación no llegase a merecer la consideración de vertido…”

Asimismo Casado. Op. Cit., pág. 1364.

Sin embargo, el mismo reglamento comprende la posibilidad de que el titular del sistema de alcantarillado sanitario fije un cobro al beneficiario, artículo 25.

“La autorización de vertido constituye el eje central sobre el cual gravita la intervención administrativa sobre los vertidos en el Ordenamiento jurídico español. Enmarcada en la actividad administrativa de limitación o policía, permite excepcionar la inicial prohibición de contaminar recogida en el TRLA (arts. 97 y 100.1) y en el RDPH (art. 245.2) y pone en manos de la Administración un poderoso instrumento de control, tanto en la fase previa al inicio de actividades, potencialmente agresoras para la calidad de las aguas, como durante su posterior desarrollo. Su funcionalidad radica en cohonestar el interés individual en la realización de una determinada actividad empresarial que produce vertidos que pueden degradar el medio acuático, con el interés general, representado, en este caso, por la protección al recurso natural: las aguas… Mediante este instrumento la Administración garantiza (previo análisis de las características de los vertidos y previa comprobación del respeto de los límites y condicionamientos normativamente establecidos) que no se excederán los niveles de riesgo permisibles en nuestro Ordenamiento jurídico y fija las condiciones a que deberá sujetarse la autorización para que no se perturbe el interés público tutelado”. Casado. Op. Cit., pág. 1364.

Asimismo en doctrina española se dispone que la autorización se hace obligatoria por el simple hecho de realizar un vertido, independientemente de que el mismo pudiera ser inocuo. Ver al respecto Fortes. Op. Cit., págs. 267 y s.
Dispone: “ARTICULO 132.- Se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas.
Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones, deberán estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad del agua será dada por el Ministerio de Salud.

Quienes no cumplan con lo estipulado en este artículo, serán multados con montos que irán de cincuenta mil colones (¢50.000) a cien mil colones (¢100.000), convertibles en pena de prisión de uno a dos años”.

De la experiencia española, consideramos relevante lo siguiente (Casado. Op. Cit., pág. 1376): “El régimen sancionador en materia de vertidos se complementa con la potestad administrativa de determinación y exigencia de responsabilidad por los daños causados al dominio público hidráulico. En efecto, con independencia de las sanciones que les sean impuestas, ‘los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan’ (art. 118 TRLA). Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiere lugar, podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio (art. 118.2 TRLA). Asimismo, los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida (art. 119.1). Finalmente, el TRLA permite, para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, que puedan adoptarse, con carácter provisional, las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar la continuación de la actividad infractora, como el sellado de instalaciones, equipos y pozos, y el cese de actividades (art. 119.2)”.

Véanse los Considerandos del Reglamento.

Asimismo lo siguiente: “La problemática de los vertidos en las aguas continentales debe encuadrarse en la temática más amplia de la protección de la calidad de las aguas y de la gestión sostenible de los recursos hídricos, que la normativa vigente pretende garantizar a través de instrumentos de diverso signo… Cualquier intento de aproximación a la problemática de la calidad de las aguas desde una perspectiva jurídica exige tener en cuenta la normativa reguladora de los vertidos, ya que, si bien no son la única causa de su contaminación, sí son una de las principales y, en consecuencia, constituyen el núcleo del problema”. Casado. Op. Cit., pág. 1362.

Al respecto señala Casado Op. Cit., págs. 1374 y ss. “…constituye una materialización efectiva del principio quien contamina paga. Su finalidad no es sólo recuperar los costes públicos del servicio de prevención y corrección de la contaminación de las aguas, sino también actuar como incentivo para la reducción de los vertidos o aplicación de técnicas y procesos de depuración de los mismos, con el fin de evitar o reducir el gravamen”.

Casado. Op. Cit., pág. 1371.

Criterio expresado por el M.Sc. Marco A. Jaubert Vincenzi en la Conferencia “Manejo de Cuencas” realizada en la sede del Tribunal Ambiental

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