miércoles, 13 de octubre de 2010

Observaciones al Proyecto de Reglamento del Tribunal Ambiental Administrativo.

A continuación se ofrecen mis observaciones a la propuesta de Reglamento del Tribunal Ambiental Administrativo:

1. Tal y como manifesté verbalmente al Msc. Chaves en su momento, no resulta tan conveniente incluir definiciones en el Reglamento del TAA, y menos sobre conceptos ya analizados en otras normas, o bien sujetos a los avances de la investigación científica. Por ejemplo, si hubiese estado en vigor durante este año 2010 el concepto de daño ambiental propuesto por el Experto Peña, nos hubiera costado muchísimo más responder las recusaciones, pues las mismas nos hubieran “atado las manos”, máxime tratándose de un Reglamento dirigido directamente al Tribunal, de modo que tendría preferencia sobre los conceptos consignados en otras normas, y con prevalencia incluso frente a los conceptos que pudieran dar los últimos avances científicos. A efectos prácticos casi tendrían más fuerza para nosotros que la Ley, por ser, reitero, un Reglamento dirigido directamente al TAA.

Lo propio de un Tribunal consiste en resolver casos concretos mediante doctrina que éste (no tanto el legislador reglamentario) establezca caso por caso, de modo que disponga de un amplio margen de maniobra para modificar o adaptar los conceptos que utilice, a las características de cada caso, o a los avances de la ciencia, o bien a las progresivas modificaciones de criterio o avances propios de todo Tribunal. Recurrir a las definiciones podría implicar “atarnos las manos” en perjuicio de la justicia del caso concreto.

También por lo anterior se puede valorar si conviene o no remitirse a un documento obligatorio estableciendo parámetros vinculantes para realizar la valoración del eventual daño ambiental.

Al respecto hemos de recordar cómo incluso, respecto a una norma con rango de ley tan importante el Código Civil, hasta los mismos franceses (con lo patriotas que son) han reconocido que la técnica legislativa del BGB (Código Civil alemán) es mucho mejor que la francesa. El Código francés recurre con tanta frecuencia a las definiciones, mientras que el BGB se inclina por utilizar criterios amplios, como los estándares (“buen padre de familia”, “diligencia de un leal comerciante”, “cuidado debido”, etc.) Se llegó a la conclusión de que la reiterada utilización de definiciones por parte del Código francés buscando reducir al máximo el “margen de maniobra” de las juezas, produce más proclividad a la injusticia e inseguridad jurídica. Ello se debe a que las juezas, cuando perciben que una definición terminante va a producir una injusticia en el caso concreto, recurren a razonamientos forzados para sacar el caso concreto fuera del ámbito de la definición. Esos razonamientos forzados producen inseguridad jurídica. Por el contrario, se demuestra mucho mejor la técnica teutona del BGB que, protege el “margen de maniobra” de las juezas eludiendo tantas definiciones, permitiendo mayores ventajas para la justicia del caso concreto, en diálogo entre jurisprudencia y doctrina. Véase al respecto: Lasserre-Kiesow, Valérie. La technique législative étude sur les codes civils français et allemand. París, L.G.D.J., 2002.

2. No procede atribuir al Tribunal la competencia para conocer del daño ambiental individual. Sólo debe conocer el daño ambiental puro.

3. Respecto a los asuntos orgánicos del Tribunal, se debe valorar si se requiere o no la aprobación de MIDEPLAN.

4. Sobre el artículo 4, la Ley es clara al indicar que todos los miembros del Tribunal (no sólo los propietarios) deben trabajar a tiempo completo. Restringir por reglamento a sólo los titulares sería ilegal.

5. Mantener el texto actual (artículo 8 en la versión de Peña) obligaría a los jueces a sesionar continuamente, con el adicional trabajo de levantar actas de todo. Sería mejor traducir en reglamento el modo de operar actual (simple firma de resoluciones, sin necesidad obligatoriamente de efectuar reuniones).

6. En el artículo 11, se reitera “oficialidad” e “impulso procesal de oficio”.

7. En el artículo 11, párrafo 2, resultaría mejor determinar que, en lo posible, la restauración al estado básico sea al estado básico dinámico, por las razones que expliqué en el extenso dictamen que tuve el honor de remitirles sobre la prescripción.

8. El párrafo 3 del artículo 11 nos está obligando a lo que no podemos realizar por falta de medios. A mi juicio, es contraproducente.

9. En cuanto al artículo 11 bis, no son aplicables ni los principios de resolución alterna de conflictos, ni la normativa de dicha resolución, por cuanto no existe el requisito básico para que ello opere, que sería la disponibilidad de la acción por parte del Tribunal o de las partes. Como he opinado verbalmente, las “conciliaciones” constituyen en realidad procesos sumarios en los cuales opera una mayor celeridad por cuanto la denunciada reconoce los hechos que se le atribuyen, y el Tribunal lo que realiza es asegurarse de que la indemnización, y/o las acciones de reparación propuestas, se ajustan a las normas de la técnica, así como al Ordenamiento Jurídico.

10. En el artículo 12, no cabe hablar de “validez del procedimiento”, porque la validez o invalidez se predica de los actos procesales, no del procedimiento en sí.

11. Sobre el artículo 13, conviene en lo posible suprimir las referencias a la LGAP, para permitir apoyar la tesis de nuestro mayor acercamiento al Poder Judicial a todos los efectos.

12. En torno al precepto 14, se podría analizar si el término (y el régimen jurídico de) “coadyuvante” (así como el de “interés indirecto”) resulta el más apropiado respecto a la naturaleza jurídica de quien participa en un proceso por daño ambiental puro. Respecto a quienes intervienen con “pretensiones propias”, reitero lo sugerido en el apartado 2, en el sentido de que al Tribunal sólo le compete el daño ambiental puro, no el daño privado.

13. En cuanto al artículo 14 bis, respetuosamente insisto en que conviene no realizar referencias a la Ley General de la Administración Pública.

14. El último párrafo del 14 bis no me parece humildemente lo más apropiado a largo plazo para el Tribunal, como podría tratar de exponerles verbalmente más adelante si lo desean.

15. En cuanto al artículo 16, respecto a las copias simples cuya autenticidad sea impugnada por la otra parte y su original no sea aportado por quien las presentó, las mismas deben carecer totalmente de valor probatorio, pues lo contrario sería inconstitucional.

16. Humildemente considero que debería evaluarse lo referente a “belleza escénica” del precepto 18 en su párrafo primero.

17. Me da la impresión de que el término “solicitar” del segundo párrafo, precepto 18, puede tratarse de un error.

18. Por su parte, técnicamente “equidad” es diferente de “principios generales del derecho”. Estos forman parte del Ordenamiento, independientemente de que se encuentren o no escritos. La “equidad” constituye más bien un factor externo al Ordenamiento que se “pondera” a la hora de aplicar el Ordenamiento como tal, principios incluidos. En este sentido, ver el Código Civil, Título Preliminar, tomado de la reforma española al Título Preliminar del Código Civil, bajo el influjo de Castán Tobeñas.

19. Respecto al precepto 18, respetuosamente sugiero consultar las restricciones a la autodeterminación informativa con el experto Dr. Chirino: alfredochirino@gmail.com

20. En el precepto 19, inciso d), respetuosamente considero mejor sustituir “daño” por “impacto”.

21. Respecto al artículo 23, respetuosamente considero preferible “procesal” y no “procedimiental”, por los argumentos indicados en González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco. Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Cizur Menor (Navarra), Tomo I, 2007, págs. 43 y ss.

22. En cuanto al precepto 25, se ha de pensar si corresponde o no la solicitud de prueba confesional bajo juramento, toda vez que una persona no puede ser sancionada por mentir cuando se trata de presuntos hechos cometidos por su persona, en virtud del derecho de rango constitucional a no declarar en su contra.

23. Sobre el artículo 27 y la “recomposición” ambiental, me remito a lo sugerido en el apartado 7.

24. En lo concerniente al último párrafo del artículo 27, se puede considerar la posibilidad de darle una redacción más amplia, pues cabría, si se dan los requisitos para ello, establecer (por ejemplo) indemnizaciones por daño social que quizá no daban ir necesariamente a reparar el ambiente del lugar, por cuanto corresponden a un concepto indemnizatorio diferente a otros conceptos indemnizatorios por daño ambiental. Recuérdese que la sentencia 675-F-2007 versa sobre una liquidación de indemnización por un recurso de amparo que condenó a indemnizar por la violación al artículo 50 de la Constitución, de modo que su contenido no puede interpretarse como que prohíba al órgano competente (Tribunal Ambiental, en este caso), que condene otros conceptos indemnizatorios relacionados con el ambiente (artículo 99 LOA, etc.), como, por ejemplo, cobrar el daño social por daño ambiental (medidas compensatorias) que, como tales, pueden tener un destino público diferente a la reparación in situ del daño ambiental.

25. En torno al artículo 28, reitero lo indicado en el apartado 11 del presente escrito.

26. En lo concerniente al precepto 30 bis, se reitera lo manifestado en el apartado 9.

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