martes, 31 de agosto de 2010

Perforacion de Pozos (III)

contemplado en la jurisprudencia antes indicada y la que se especificará a continuación, existiría una violación al derecho a un ambiente sano.
Se valoran positivamente los Transitorios I y IV.
Recuérdese asimismo que, por Decreto Ejecutivo Nº 35271-MINAE, se regula el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios. Además, por Acuerdo Nº 3748 del SENARA, se regulan los requisitos para el estudio hidrogeológico concerniente a la perforación de pozos.

V. Aspectos interesantes del Voto número 262-2009.


Al respecto destacamos lo siguiente:

1. Cdo . III: Se reitera que la jurisprudencia constitucional reconoce el derecho al agua como un derecho humano derivado implícitamente de la Constitución.

2. Cdo. III: Los órganos públicos deben garantizar la disponibilidad del agua para los habitantes actuales y futuros.

3. Cdo. IV: Por el principio precautorio, toda actividad que utilice agua (incluyendo subterránea), debe garantizar, más allá de cualquier duda razonable, que la actividad no impide la sostenibilidad (incluso intergeneracional) del recurso hídrico .

4. Cdo. V: La evaluación de impacto ambiental es un principio rector de todo el Ordenamiento ambiental.

5. Cdo. V: La Convención de Río estableció la participación ciudadana en otro principio rector del Ordenamiento ambiental. La misma no consiste no sólo en que los habitantes escuchen y reciban información, sino también en contribuir a la toma de la decisión pública desde un inicio, aportando pruebas, inquietudes, etc., las cuales deben ser debidamente valoradas en el proceso de toma de decisiones.

6. Cdo. VI: Todo procedimiento de evaluación de impacto ambiental debe ser comunicado a las municipalidades (art. 22 LOA) y garantizar su participación activa, así como una audiencia pública en el lugar de los hechos o cerca, de modo que se haga realidad el principio de participación de todo habitante en los procesos de decisión.

En lo que respecta al Ministerio, la Sala condena porque la SETENA solicitó únicamente una Declaración Jurada de Compromisos Ambiental (por cuanto, como antes se indicó, sólo contempló las tuberías, y no las actuales y pretendidas futuras concesiones de agua, lo cual habría exigido evaluar con un Estudio de Impacto Ambiental) y no un Estudio de Impacto Ambiental. En segundo lugar, se condena porque no se solicitó un estudio que demuestre, más allá de cualquier duda razonable, que el proyecto no perjudica el agua para la sostenibilidad de las generaciones actuales y futuras. Por otra parte, la Sala también condena por no haberse realizado la necesaria audiencia pública y demás elementos de participación ciudadana. Por ello se anula la viabilidad ambiental.


7. Cdo. XVI. Respecto a la falta de solicitud de criterio al SENARA, se manifiesta:

“Resulta importante apreciar que en esta relación de hechos es nula la mención o referencia al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, pues a pesar que desde marzo de dos mil seis el ICAA venía elaborando la idea del proyecto, y al ser el SENARA una entidad vital en cuanto a la utilización del recurso hídrico subterráneo –como lo es el Acuífero Sardinal- no fue sino con la interposición del recurso de amparo que esta entidad inició a evaluar las actuaciones del ICAA en el ámbito de sus competencias”.


8. Cdo. XVII. Continúa:

“…las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales… para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales… posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras”. [La Sala insiste en el principio constitucional de coordinación que más arriba expusimos, y utiliza la sobreinterpretación].


9. Mismo Cdo. Manifiesta que la evaluación de impacto ambiental debe incluir los acuíferos que se encuentran en el área de influencia del proyecto.

10. Cdo. XXI. Se insiste en el carácter obligatorio de los pronunciamientos del SENARA: “Por otra parte, si bien el Gerente General del SENARA manifestó el ocho de octubre de dos mil ocho su conformidad con el Informe Técnico, también cierto es que el seis de noviembre, la propia Comisión Técnica expresa que para la elaboración del informe conocido por la Comisión Interinstitucional, tomó en consideración el estudio del experto independiente sin haber analizado a fondo las conclusiones del grupo técnico del SENARA –ver hecho probado número 36-, reconocimiento que resulta particularmente grave por cuanto según lo establecido, es el SENARA quien tiene la competencia técnica apropiada para este tipo de estudios”.

11. Cdo. XXII. “Se demuestra entonces, que aún con la elaboración de los informes por parte de la Comisión Técnica y del grupo técnico del Área de Aguas Subterráneas del SENARA, persiste la incerteza sobre la capacidad hídrica y las posibilidades de aprovechamiento del acuífero, al punto que se concluye en este nuevo informe que la explotación segura del Acuífero Sardinal debe ceñirse a los 63.75 litros por segundo y no a los 70 litros por segundo mencionados en los estudios precedentes. En este sentido, de conformidad con el principio precautorio que debe regir en materia ambiental, debe ordenarse a las instituciones involucradas, el deber de ajustarse en este momento y de manera temporal a la explotación máxima señalada por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, hasta tanto sea emitido el informe correspondiente por parte de SENARA; una vez aprobado el informe de SENARA, la explotación deberá ajustarse a lo que allí se indique. Esta definición implica sujetar las actuales disponibilidades de agua otorgadas a esta posibilidad de explotación temporal, de donde resulta que si el caso lo amerita, deba anularse aquellas disponibilidades que no puedan ser cubiertas con este máximo de aprovechamiento; del mismo modo, al ajustarse a esta capacidad máxima, y de conformidad con lo establecido en los considerandos anteriores, deberán las instituciones, particularmente el ICAA, considerar la primaria satisfacción de las necesidades comunales de previo a la utilización del recurso para otro tipo de intereses de índole comercial o turística”.

12. Cdo. XXV. “Asimismo, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán realizar un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica de amenazas de la contaminación y de riesgos del Acuífero Sardinal, así como instalar los mecanismos que permitan la medición o monitoreo constante de la carga y recarga del mismo según se ha definido en los informes «Estudio Hidrogeológico Detallado de la parte alta de la cuenca del Río Sardinal», elaborado por el Grupo Técnico del Área de Aguas Subterráneas del SENARA; y el «Informe Técnico (Preliminar) para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal», emanado de la mencionada Comisión Técnica”.

13. Cdo.“XXVII. Asimismo, deberán las autoridades recurridas dar debido cumplimiento a las recomendaciones y disposiciones emitidas particularmente por la Contraloría General de la República en el informe DFOE-ED-22-2008, en la medida que este instrumento precisa las obligaciones de carácter legal que deben ser cumplidas por las autoridades recurridas”.


14. “Por tanto. Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no haber certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Comuníquese… * Se advierte que este texto no es una reproducción fiel y exacta de la sentencia oral dictada. La copia electrónica fiel y exacta de la sentencia oral se puede obtener en el Tribunal mediante grabación en DVD”.


VI. Aspectos interesantes del Voto número 2019-2009.

1. Cdo. V: “La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. Debe hacerse además, la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica, en sí misma, la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto, es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización que, en algunos casos, será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por la entidad competente, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Esto es así debido a que, tratándose del ambiente, no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza, el ambiente es, por sí mismo, y, con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante”.

2. Cdo. VI: Algunos aspectos que debe garantizar y evaluar una evaluación de impacto ambiental para el aprovechamiento (concesión) de agua, son: “…ponederación (sic) de los efectos acumulativos en el ambiente y en el cauce o cuerpo de agua (suma de impactos individuales que producen diferentes actividades presentes o futuras predecibles), corrección del impacto ambiental de un uso especial, la prevención, mitigación, compensación, restauración y recuperación por daños ambientales o impactos ambientales no controlados del uso particular, fiscalización o monitoreos ambientales, etc..”

3. Cdo. VIII: Cuando un Decreto pretenda eximir determinado tipo de actividades de la evaluación de impacto ambiental, se debe contar previamente con los estudios técnicos que demuestren la compatibilidad entre la exención y el derecho a un ambiente sano y, además, un resumen de dicha fundamentación técnica debe incorporarse a los Considerandos del Decreto.



VII. Aspectos Interesantes del Voto Número 2004-01923.


Esta sentencia resulta de indispensable lectura, no sólo en relación a este tema, sino, también, para la obligatoria realización de ordenamiento territorial en materia hídrica.

1. Cdo. XII: Para proteger el recurso hídrico (incluyendo aguas subterráneas), los órganos públicos tienen muchas potestades, aunque su fundamentación en el Derecho sea sólo implícita. [He aquí otro caso de sovrainterpretazione antes expuesta].

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